La polarización provocada la marcha del 8M en Puebla distrajo la atención pública del debate principal: la hegemonía machista como conducción de la sociedad.
Las distintas entidades de gobierno compartieron señalamientos o soluciones, mientras las redes sociales hirvieron por comentarios a favor y en contra de las formas violentas de protestar de un grupo de manifestantes.
La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco volvió al discurso de la persecución política y contradijo a su secretario del ayuntamiento, Damián Romero, sobre brindar facilidades para los procesos legales que se seguirán de oficio. También llamó a no criminalizar al personal del ayuntamiento presumiblemente involucrado en la violencia del lunes por la tarde.
El gobernador Miguel Barbosa aseguró que están completamente en manos de las autoridades ministeriales de la Fiscalía General, las indagatorias por la autoría intelectual de la violencia y daños al patrimonio histórico de la capital, ante las marchas que se vivieron el 8M.
Mientras la edil capitalina presumió haber otorgado seguridad de los bienes y las personas durante las manifestaciones del lunes, a pesar de que hubo destrozos en propiedad privada en inmediaciones del Congreso, las autoridades estatales pusieron manos a la obra para reparar en conjunto con el INAH los daños al patrimonio.
Lejos de estos hechos, poco o nada se dijo sobre resolver las preocupaciones de las mujeres en un contexto de violencia lacerante.
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