Alrededor de las 10:30 horas de este martes, Elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo para asegurar las instalaciones de la Hacienda de Santa Catarina de la UDLAP ubicadas en el municipio de San Andrés Cholula.

El despliegue policial de inmediato despertó la atención de los habitantes de la zona y representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en las instalaciones de la Recta a Cholula.

“En tiempo real…. La Guardia Nacional y la policía poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de Las Américas en Cholula en estos momentos”, reportó a nivel nacional el periodista Raymundo Rivapalacio en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con los primeros reportes, se dieron cita más de una centena de elementos policíacos, aunque la Guardia Nacional se deslindó del operativo, quienes integraron el despliegue y aseguraron vehículos de la institución aparcados a las afueras del acceso principal para posteriormente entrar a la institución para asegurarla.

Hasta el las 11 de la mañana ni las autoridades universitarias ni del Gobierno estatal dieron detalles sobre las razones del operativo.

Las primeras versiones apuntaban a que el aseguramiento de las instalaciones se debe a denuncias penales que interpuso Guillermo Jenkins, por el desfalco que perjudicó a la Fundación Mary Street Jenkins ante un posible intento para imponer a un nuevo patronato en la institución a partir del proceso legal que se lleva en contra de la misma Familia.

Para el mediodía, llegó la comunicación de la UDLAP en la que confirma que el Patronato de la Fundación Universidad de Las Américas Puebla promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, un juicio ordinario civil con el propósito de recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

El ordenamiento, impide a las actuales autoridades administrativas, incluido su Rector, de realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio de la Universidad, al mismo tiempo que no pueden ejercer cualquier representación legal previamente otorgada, así como a impedir en cualquier vía el cumplimiento del mandamiento dictado.

Señalaron que el juez de la causa solicitó la ejecución de la medida cautelar y habilitó el auxilio de la fuerza pública. En la diligencia, por orden judicial, intervinieron únicamente elementos de la policía del Estado de Puebla.