El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el juicio de amparo promovido por Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), contra la medida cautelar de un juez que ordenó al Congreso separarlo de su cargo, debido a que enfrenta una denuncia por presunta violencia familiar.

El juicio fue declara “improcedente” porque Romero Serrano no precisó el número de orden de aprehensión y tampoco cumplió con el procedimiento jurídico.

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: Demanda de amparo. Debe desecharse de plano si se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo”.

Además, el titular de la ASE no agotó los medios legales de defensa a su alcance y decidió recurrir a la justicia federal para inconformarse por la suspensión de su cargo y las actuaciones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla.

En tanto, Romero Serrano acusó que estas acciones en su contra se traducen en molestia, intimidación, castigo personal, escarnio social y estigmatización pública, “aunado a la pretensión de privación de mi libertad al librarse la orden de aprehensión”.