La historia de la componenda entre funcionarios de primer nivel para concretar uno de los proyectos de mayor alcance y rédito electoral, y ofrecer un panorama de eficiencia para quien quiso ser candidato presidencial, también tiene una parte que se puede considerar como el hilo más delgado, el de mayor riesgo.

Se trata de dos exempleados en la Dirección de Tenencia de la Tierra, de la Secretaría General de Gobierno, en 2012: Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García. Fueron convertidos en ejidatarios tras la compra de 274 hectáreas en 23.2 millones de pesos, que luego vendieron al Banco Estatal de Tierras en 47 millones de pesos.

Ambos figuran en la averiguación 296/2016. En su calidad de gestores en la Secretaría General de Gobierno, mediante mecanismos no específicos, adquirieron con carácter de ejidatarios. Ortiz Toxqui recibió dominio pleno sobre 76 hectáreas, mientras que Carrión García, 61 hectáreas.

No fueron los únicos, porque también aparece una acaudalada familia de Chipilo cuyos integrantes fueron reconocidos como ejidatarios en asambleas inexistentes y sin jamás haber tenido siquiera tierra de labor en los zapatos.

Fue un negocio redondo para quienes manejaron información privilegiada, lo que permitió comprar barato, vender caro y llenar las alforjas con dinero que los poblanos deberán saldar por unos 10 mil 800 millones de pesos, por todo el proyecto.

Ejidatario en Nopalucan, don Javier Vélez Torres definió con exactitud lo sucedido: “los compraron baratos y el precio lo elevaron mucho, y los que se beneficiaron fueron los coyotes, los que vienen haciendo los negocios con el poder del dinero en los gobiernos pasados”.

En esa condición podrían estar personas que llegaron a poseer porciones de cinco hectáreas, cada uno, que luego adquirió el Banco Estatal de Tierras, como Rocío Leticia Martínez Ramírez y Marcos Valadez Martínez.

El espejismo del desarrollo para los cinco municipios en una región ciertamente empobrecida fue la divisa. El contrato que el gobierno impulsor de ese falso impulso a la economía del estado está lleno de trampas para una entidad agobiada por finanzas públicas limitadas.

Frente a una empresa global con autos de lujo, que en el periodo enero-junio de 2021 consiguió utilidades por 29 mil 900 millones de euros con la venta de 981 mil 681 unidades, lo ocurrido en el polígono automotriz poblano adquiere un significado distinto.

El impulso modernizador de los funcionarios de Moreno Valle que decidieron entregar todo a cambio de la llegada de una firma empresarial, que lejos de promover el desarrollo en la región, ahondó las diferencias sociales y económicas.

De acuerdo con el contrato firmado por el gobierno del estado y la empresa automotriz, se establece que la administración se comprometía a financiar todos los trámites y derechos a que estuviera obligada la firma empresarial, caso contrario, el gobierno debía pagar un monto de 2 millones de dólares.

Había cláusulas que obligaban a financiar exámenes psicométricos para 16 mil candidatos a ocupar un puesto en las instalaciones de Audi; establecer un proceso de selección para 8 mil perfiles; exámenes médicos para 4 mil personas más y otras facilidades.

La historia del proceso mediante el cual se tejió la llegada de la empresa automotriz, el despojo de las tierras en la región de San José Chiapa, el enriquecimiento de exfuncionarios y especuladores está muy lejos de conocerse a profundidad.

 

@FerMaldonadoMX