El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden propuso ayer nuevas restricciones que limitan el asilo para los migrantes en la frontera con México, obligándoles a solicitarlo en los países por los que transitan o a pedir una cita en línea.
Los grupos defensores de los migrantes condenaron la nueva medida, comparándola con la que el expresidente republicano Donald Trump intentó activar para frenar en 2019 las caravanas que llegaban de Centroamérica. Los tribunales se lo impidieron.
La nueva regla, sujeta a 30 días de comentarios, entraría en vigor el 11 de mayo cuando se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de covid-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada(salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico…) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.
Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de “inelegibilidad de asilo”.
Hay más excepciones, como las “emergencias médicas agudas” o las “amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad”.
El gobierno de Biden afirma que es el único medio que tiene para lidiar con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.
Los republicanos acusan a Biden de haber perdido “el control efectivo de la frontera”, que en diciembre intentaron cruzar un promedio de 8.500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo.
“Esta administración no permitirá el caos y el desorden masivo en la frontera debido a que el Congreso no actuó”, dijo este martes un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
Las nuevas reglas ya se vienen aplicando para cupos de migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Funcionarios gubernamentales aseguran que se trata de “reglas temporales”, sin especificar qué las sustituiría.
Reportero: Con información de agencias