Algo no cuadra en las finanzas públicas estatales: por un lado, son 2 mil 700 millones de pesos que hay que pagarle a la Secretaría de Hacienda por una deuda heredada por Rafael Moreno Valle Rosas, de 2015; y, por otro lado, existe un daño al erario de 600 millones de pesos que invirtió Miguel Barbosa en un banco desaparecido, cuyos dueños fueron denunciados por lavado de dinero y manejo de facturas falsas.
En total, son 3 mil 300 millones de pesos de daño al erario.
El asesor del difunto Barbosa y calderonista, Ernesto Cordero Arroyo, por supuesto que no va a abrir su chequera personal para reponer los 600 millones de pesos que invirtieron en el banco Accendo, aunque de él fue la “grandiosa” idea.
¿Quién se hará responsable del daño al patrimonio estatal?
No es viable que despidan a María Teresa Castro Corro de la Secretaría de Finanzas, porque al final ella es corresponsable de las decisiones sobre el manejo de los recursos públicos en los tiempos de Miguel Barbosa, y hasta que no se solventen las irregularidades, ella debe estar ahí.
Ella, desde su posición, pudo haber impedido que se mal gastara el recurso y aunque intente justificar que no es un nuevo “hoyo financiero”, como lo llamó el periodista Alejandro Mondragón, la realidad es que ese dinero ya no está en las arcas poblanas.
Si no es un activo es un pasivo, pues no existen medias tintas.
No fueron cinco o diez mil pesos mal invertidos, fueron millones.
Ni el actual gobernador Sergio Salomón ni su equipo son culpables de las decisiones tomadas por su antecesor Barbosa, y menos por lo que haya determinado el yunquistaCordero, creador de la maravillosa frase: “Hay familias mexicanas que con ingresos de seis mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.
Lo dado a conocer ayer en la mañanera del gobernador Céspedes hace que la secretaria de Finanzas se quede en la dependencia para enfrentar todos los señalamientos que han existido.
Al final es ella quien tiene que dar la cara por lo que ideó Cordero, aceptó Miguel Barbosa y acató como titular de Finanzas.
Ella será quien deberá pagar los platos rotos por las decisiones económicas.
Sería peor pedir su renuncia, porque los errores no los debe pagar ni Sergio Salomón ni su grupo político ya que ellos no fueron los que decidieron hacerle caso a Cordero.
Sería irresponsable acusarla de dolo a ella, pero la ley es muy clara y aunque no exista mala intención, por parte de las personas, si algo se hizo en contra de la normativa, aún con desconocimiento, representa un daño.
Sergio Salomón Céspedes ha sido muy prudente y reiteramos que él nunca tuvo nada que ver sobre las decisiones de su antecesor. No obstante, dos más dos son cuatro y no hay manera que se puedan esconder en total 3 mil 300 millones de pesos.
Será la secretaria de Finanzas quien deba dar la cara por las decisiones tomadas por su anterior jefe y si es un poco humilde, debe reconocer que las consecuencias de las determinaciones de Cordero & Co. lastimaron a los poblanos.