Cita: La mayoría de las propuestas actuales fueron hechas por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, el actual titular del Ejecutivo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina o por el Congreso de la Unión, para homologar las normas estatales con las federales.
La LXI Legislatura del Congreso de Puebla iniciará su último año legislativo con un gran rezago de iniciativas, sin abordar demandas sociales como la desprivatización del agua o la despenalización del aborto, y con la mitad de legisladores más enfocados en la elección de 2024 que en el trabajo pendiente.
La discusión del Presupuesto de Egresos, el análisis de los hoyos financieros generados en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta y la renovación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) son otros asuntos que deberá solventar el poder Legislativo en el tercer año de gestión.
El diputado de Morena Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, destaca que la actual legislatura ha llevado a cabo legislaciones muy importantes, como la nueva Ley de Cambio Climático, la reforma integral al poder Judicial, la reforma a la Ley de la BUAP o la denominada ley 3 de 3 contra la violencia.
También la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial, la reforma constitucional para reducir la edad mínima para ser legislador y las reformas a la Ley Orgánica Municipal para crear instancias municipales de mujeres, además de que se realizaron las consultas a personas indígenas y con discapacidad para reformar la Ley de Educación, y está por comenzar la consulta pública para elaborar la Ley de Movilidad.
No obstante, la mayoría de estas legislaciones fueron propuestas por el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina o por el Congreso de la Unión, para homologar las normas estatales con las federales.
Mientras tanto, igual que en legislaturas pasadas, se ha evadido abordar demandas de colectivos y organizaciones civiles, como: la revocación de la concesión del agua potable; la prohibición de tecnología que inhibe la lluvia; la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos; la despenalización del aborto; la reforma que permita la adopción a parejas del mismo sexo, así como una que permita cambiar la identidad de género de juventudes e infancias trans.
Si bien existen iniciativas para abordar estos temas, se encuentran congeladas en comisiones junto con puntos de acuerdo sobre asuntos polémicos, como el promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) para que se llame a comparecer a la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, para que aclare si detectó alguna irregularidad o fue omisa al fiscalizar las cuentas públicas del gobierno de Barbosa Huerta, tras revelarse dos hoyos financieros que suman 1 mil 322 millones de pesos.
El rezago legislativo
De acuerdo con el registro del poder Legislativo, se acumularon 741 iniciativas y puntos de acuerdo durante el segundo año legislativo, que corrió de septiembre de 2022 a julio de 2023, sin embargo, solo se dictaminaron 51, equivalentes al 7% del total.
Las 690 proposiciones restantes se encuentran en comisiones, en espera de ser atendidas, pero se sumarán al rezago generado en el primer año legislativo y lo que se producirá en el tercero.
De los 51 dictámenes avalados, 22 corresponden a propuestas enviadas por los gobernadores en turno y los otros 29 emanaron de legisladores, de modo que en todo el año legislativo no se aprobó ni siquiera una iniciativa por cada uno de los 41 congresistas.
En dicho periodo se celebraron 43 sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno, de manera que en promedio solo se aprobó un dictamen en cada sesión, pero se presentaron 17 iniciativas o puntos de acuerdo.
Solo en tres sesiones hubo quórum completo, es decir, que asistieron los 41 legisladores, mientras que en el resto se acumularon 103 inasistencias de 33 congresistas de diferentes partidos, aunque todos las justificaron.
Las y los diputados más faltistas fueron: Karla Martínez Gallegos, Daniela Mier Bañuelos, Guadalupe Yamak Taja, Ruth Zárate Domínguez y Carlos Evangelista Aniceto, todos de Morena, así como Jaime Natale Uranga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), estos últimos también dirigentes estatales de sus partidos.
Cada legislador tiene un salario mensual neto de 56 mil pesos y únicamente ocho no tuvieron inasistencias: Roberto Bautista Lozano, Azucena Rosas Tapia, Eduardo Castillo López y Eliana Angélica Cervantes González, todos de Morena; los panistas Rafael Micalco Méndez, Eduardo Alcántara Montiel y Erika Valencia Ávila, así como José Miguel Octaviano Huerta, del Partido del Trabajo (PT).
https://24horaspuebla.com/2023/08/20/habra-reunion-con-presidenciable-despues-de-encuesta-de-morena-cespedes/