La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla es una de las herramientas que el Estado ha implementado para intentar saldar una deuda con las personas buscadoras, y que, según un análisis realizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, es deficiente y opaca.
Rosario Arrambide González, directora del Instituto, expuso que apenas 5 de las 15 acciones implementadas en esta ley han sido cumplidas, y los mecanismos que lo acompañan son ineficaces.
Precisó que se han quedado en el papel iniciativas como la realización de análisis de contexto que complemente las investigaciones, o la implementación de agentes de respuesta inmediata a casos de desaparición.
Por su parte, Jessica Utrera Capetillo, especialista del IDHIE profundizó en las grandes ausencias que el Estado tiene con las víctimas y sus familiares. Cuestiones fundamentales como la generación y acceso a una carpeta de investigación, o la oportunidad de tener una sentencia condenatoria si lo requiere el caso, no son una realidad para todos.
En el análisis se incluyó la perspectiva de quienes buscan a sus desaparecidos, y la gran mayoría de los encuestados (38%) afirman que esta ley no ha generado un cambio sustancial en sus casos, y solo algunos (10%) han logrado recibir ayuda por parte de las autoridades.
“No existe un cumplimiento total de esta ley. Consideramos que las leyes son necesarias, pero muchas veces no son suficientes porque no se cumple con su implementación”, dijo.