Los proyectos para limpiar el Río Atoyac no han dado frutos, la contaminación persiste, el deterioro ambiental se agudiza y la posibilidad de resarcir el daño ecológico se reduce, a pesar del gasto millonario que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala han realizado en las últimas dos décadas.
El convenio firmado la semana pasada entre el gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina; la gobernadora tlaxcalteca, Lorena Cuéllar Cisneros y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, es una nueva oportunidad para enfrentar de forma decidida esta problemática que afecta no solo al medio ambiente, sino también la salud y bienestar de 3 millones de personas.
El Río Atoyac cuenta con una superficie de 2 mil 10 kilómetros cuadrados en Puebla y es rodeado por unas 15 mil empresas manufactureras, cuyas descargas de aguas residuales sin saneamiento previo, sin permisos ni vigilancia, han ocasionado un daño incalculable.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en mayo de 2017 la recomendación 10/2017, en la cual alertó niveles excesivos de toxicidad en el agua, por la presencia de fósforo, arsénico, mercurio, níquel, cromo, cadmio y otros elementos que ni siquiera se regulan en México por falta de normas, lo cual vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano.
Incluso reveló que durante su investigación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció que en un radio de 2 kilómetros del cauce del rio, las “consecuencias adversas, inmediatas y futuras para las poblaciones humanas se manifestarán en daños a la salud, integridad y seguridad, en tanto los daños ambientales están provocando alteraciones al equilibrio ecológico en la cuenca”.
Por ello demandó a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, a la Conagua, la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): ejercer acciones inmediatas para frenar las descargas de aguas residuales sin tratamiento; crear normas rígidas y exigentes para la expedición de permisos de descargas, así como elaborar de forma conjunta un programa integral de restauración ecológica y saneamiento.
Bajo este contexto, el miércoles se firmó el convenio para la creación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Atoyac (Poersaa), entre los gobiernos estatales, federal y autoridades de 71 municipios (22 de Puebla y 49 de Tlaxcala), con el compromiso de cooperar con acciones, investigación y financiamiento para combatir el daño ambiental, sin embargo, el mismo ejercicio se ha realizado entre gobiernos anteriores sin resultados tangibles, aunque con grandes inversiones.
En cada proceso electoral el Atoyac y el agua son temas muy utilizados en debates y propuestas, aunque muy poco de lo que se dice ha logrado concretarse.
Mucha inversión, pocos avances
En 2018 el gobierno de Antonio Gali Fayad compró tres embarcaciones por 210 millones de pesos, con el objetivo de retirar el lirio acuático de la presa de Valsequillo y oxigenar el agua para recuperar la biodiversidad.
En agosto de 2019, el nuevo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que las barcazas no sirvieron para nada, así que su operación se detuvo, abrió la posibilidad de venderlas y amagó con investigar el proceso de compra.
Sin embargo, en marzo de 2022 la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado, Beatriz Manrique Guevara, dijo que las embarcaciones no serían vendidas, aunque reconoció que solo se utilizaban de vez en cuando para limpiar el lago y reducir los malos olores.
En mayo de 2012 el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguraron el “Paseo del Atoyac”, el parque lineal ubicado junto al Museo Internacional del Barroco (MIB), en la ladera del río, con una extensión de 5.2 kilómetros y un costo de 204 millones de pesos.
Aunque en ese entonces se prometió limpiar ese tramo del río, no se hizo de manera periódica e incluso el parque actualmente luce deteriorado y suele ser poco concurrido.
De acuerdo con una investigación de Connectas, del año 2004 al 2021 los gobiernos de Puebla y Tlaxcala gastaron 524 millones de pesos en la construcción y mantenimiento de 108 plantas tratadoras ubicadas a lo largo del Río Atoyac, pero 60 estaban sin operar en 2021.
Este problema también se replicaba al interior del estado de Puebla, pues en 2019 el entonces director de la Comisión de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Mario Miguel Carrillo Cubillas, reconoció que solo funcionaban 17 de las 138 plantas que había en el estado, pues dijo que la mayoría ya eran viejas y el mantenimiento es muy caro.