Los últimos cambios en los representantes del Tribunal Superior en Puebla provocan preocupación, particularmente en relación con su impacto potencial en los casos presentados en curso y ponen sobre la mesa sospechas de influencia política en la toma de decisiones.
Tal es el caso de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, asesinada en mayo de 2022, cuya muerte permanece en impunidad después de un año y tres meses de procesos judiciales.
La hermana y abogada de la víctima, Helena Monzón, ha denunciado en repetidas ocasiones la dilación procesal del caso, siendo el último de ellos la audiencia intermedia de los tres acusados del feminicidio de la activista, la cual se alargó desde el pasado viernes 28 de julio hasta el sábado 19 de agosto, con una duración extraordinaria, de más de 70 horas. Por si no fuera poco, la abogada declaró ser atacada por la defensa del presunto homicida intelectual al tratar de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
Luego de suspensiones, retrasos y recesos de la audiencia, se dictaminó la apertura del juicio oral contra los presuntos homicidas Javier ‘N’, Jair ‘N’ y Silvestre ‘N’. Sin embargo, una nueva preocupación surge al presentarse ajustes en el Poder Judicial de Puebla, con la renuncia tanto de Carlos Palafox Galeana como de Margarita Gayosso, presidentes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respectivamente, el pasado jueves 31 de agosto.
Dicha renuncia puede representar una nueva traba en la obtención de justicia para Cecilia Monón.
“Dimisiones en los cargos de Presidente del Consejo de la Jurisdicción y Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. La inestabilidad me preocupa -en lo que va del caso llevaremos 3 Presidente/as de TSJ” señaló Helena Monzón en cuanto tuvo conocimiento de los movimientos.
También expresó su preocupación por las versiones periodísticas que desde 2011 señalan que la Magistrada Belinda Aguilar Díaz, quien fungirá como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla a partir de septiembre de 2023, fue apoyada por diputados del PRI integrantes del grupo político del presunto feminicida ‘Javier N’, para alcanzar el cargo de magistrada en su día. Incluso siendo identificada por la prensa local, en junio de 2022, como “(…) uno de los bastiones principales de López Zavala en el Poder Judicial…”.
“Deseamos que estas versiones periodísticas carezcan de sustento pues sería gravísimo que el caso se torne político. Es urgente garantizar una respuesta para todas las demandas presentadas ante el Tribunal, de manera justa e imparcial. Exigimos transparencia para que el panorama cambiante dentro del Poder Judicial no represente un nuevo retraso en estos procedimientos, de lo contrario, existe un riesgo tanto para el caso de mi hermana, como para miles de mujeres mexicanas que enfrentan obstáculos para obtener respuestas en sus casos desatendidos, demasiadas veces por negligencia de las autoridades.”, añadió Helena Monzón.
“Las víctimas y sobrevivientes merecemos un sistema judicial que opere libre de influencias, corrupción e intereses personales, y que actúe con apego a los derechos humanos, que garantice un cierre adecuado a las víctimas y sus familias en sus respectivos casos”, comentó.