Foto: ESIMAGEN

El Frente Poblano Contra Deudores Alimentarios realizará en próximos días dos tendederos donde las mujeres podrán hacer sus denuncias, informaron Gabriela Rosas y Sheridan Mata, integrantes de esta colectiva.

Señalaron que será el 10 de septiembre cuando se lleve a cabo el primer tendedero virtual, por lo que las personas interesadas deberán contactarlas a través de su página de Facebook.

Informaron también que a las denunciantes se les explicará el protocolo para realizar la denuncia pública con la finalidad de evitar el uso indebido de esta herramienta y para proteger a las integrantes del Frente.

Agregaron a través de estas acciones han encontrado aliados, por lo que ahora pueden proporcionar asesorías gratuitas, entre ellas, cómo iniciar una denuncia o cómo darle continuidad a la ya interpuesta.

“A las mujeres que estén interesadas se acercan a estas redes sociales y nos contactan (…) podrán contar con estas asesorías gratuitas para orientarlas”.

Sobre el tendedero presencial indicaron que aún no tienen fecha, debido a que están buscando un lugar distinto al Zócalo para abarcar más zonas de la ciudad, incluso, analizan llevarlo a otros municipios de Puebla.

También, pidieron a los diputados locales agilizar la discusión la Ley Sabina que obliga a los deudores alimentarios a cumplir sus obligaciones, con el objetivo que sea votada y aprobada durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

En rueda de prensa del martes, dijeron que la colectiva está revisando junto con la diputada de Morena, Daniela Mier Bañuelos, las disposiciones que contendrá el nuevo ordenamiento.

Esta iniciativa fue promovida por la activista Diana Luz Vázquez, y respaldada por las propuestas de otras legisladoras, misma que podría llegar al Pleno a partir del 15 de septiembre.

Asimismo, informaron que han hecho alianza con el Colectivo Jóvenes Contra Deudores Alimentarios Puebla para visibilizar esta problemática.

Sobre los resultados de las patrullas feministas, hablaron del caso de Julio Cesar Flores, deudor alimentario desde 2016, quien no se hace cargo económicamente de su hijo de 10 años con insuficiencia renal.

Son dos las carpetas activas contra él, una por pensión alimenticia y la segunda por guardia y custodia.