La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla está por cumplir 11 años y ha tenido tres titulares impulsados por los gobernadores en turno, para cuidarse las espaldas, saciar intereses políticos y venganzas personales, aunque ninguno ha logrado concluir su periodo sin ser objeto de persecución.
Amanda Gómez Nava fue nombrada por el Congreso del estado como titular de la ASE por un periodo de siete años el 19 de mayo de 2022, con el apoyo del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero luego de un año y cuatro meses en el cargo, se encuentra en la cuerda floja por su silencio y aparente omisión ante los hoyos financieros del gobierno barbosista, de cual fue parte como secretaria de la Función Pública (SFP).
La administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina reveló el probable quebranto por 1 mil 322 millones de pesos, por no pagar 722 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por tratar de invertir 600 millones en Accendo Banco, que acabó en quiebra en 2021.
Para explicar por qué no reportó ni sancionó esta situación como titular de la SFP y luego como auditora del estado, la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación la citó este lunes en el Congreso del estado, para rendir un informe y responder el interrogatorio de las y los legisladores.
Relevos
Llegó en sustitución de Francisco José Romero Serrano, luego de que este fue destituido el 31 marzo del 2022, pues tenía un mes encarcelado por los delitos de violencia familiar y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que a la fecha lo tienen preso.
La remoción y el arribo de la extitular de la SFP fueron posibles gracias a varias reformas que impulsó Barbosa Huerta tras romper su relación con Francisco Romero, a quien él mismo impulsó dos años y cuatro meses antes.
El ahora exauditor fue designado por el Congreso del estado el 28 de noviembre de 2019, en una polémica votación donde no hubo certeza si reunió los 28 votos necesarios para el nombramiento, pero entonces era respaldado por el gobernador, a quien apoyó en campaña como presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE).
En su gestión, la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; el exrector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; los exdiputado locales José Juan Espinosa Torres y Carlos Morales Álvarez, así como exalcaldes, acusaron persecución política del auditor por instrucción del gobernador, tras ser objeto de denuncias y procesos administrativos por presuntas anomalías en sus cuentas públicas.
Francisco Romero
Sustituyó en la ASE a David Villanueva Lomelí, después de que este renunció en mayo de 2019 para asumir la titularidad de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Su salida se dio entre los amagos de destituirlo y encarcelarlo mediante un juicio político, pues Barbosa Huerta y el Congreso del estado, con mayoría de Morena, lo acusaban de ejercer persecución política desde la ASE, por instrucción del difunto exgobernador Rafael Moreno Valle.
Esto debido a los procesos administrativos, multas e inhabilitaciones impuestas a exediles y exfuncionarios críticos del exmandatario panista, entre ellos el ahora alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez y el exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), Francisco Castillo Montemayor.
David Villanueva
Duró seis años y medio como titular de la ASE, pues el 30 de noviembre de 2012 rindió protesta al frente de esta institución que sustituyó al Órgano de Fiscalización Superior (OSF), el cual encabezó un año tras la renuncia de Víctor Manuel Hernández Quintana, auditor general del OSF de 2006 a 2011, por designación del entonces gobernador Mario Marín Torres.
Además de renunciar el 26 de octubre de 2011, Hernández Quintana fue encarcelado, acusado de conflicto de interés y de ocultar irregularidades del gobierno marinista denunciadas por Moreno Valle, cuyo mandato había iniciado en enero de ese año.