Falta voluntad de los legisladores para aprobar la ley en materia de declaración especial de ausencia, además de que ya hay una sentencia de una juez federal que los obliga a legislar, de lo contrario sería un incumplimiento que daría lugar a la destitución de cargos, sentenciaron especialistas de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
En conferencia de prensa, Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, explicó que los diputados ya han recibido la iniciativa que se trabaja junto con la diputada a Mónica Silva Ruiz, la cual fue presentada ante el Pleno el pasado jueves.
Además, de la sentencia que fue dictada para que analizada antes de terminar el periodo de sesiones ordinarias y una vez iniciado el proceso legislativo no podría tardar más de 180 días para su aprobación.
Destacó que el incumplimiento de sentencia de un amparo puede dar lugar a la destitución de cargos públicos o que se de vista al Ministerio Público, ya que el incumplimiento es considerado un delito.
“No solo hay un tema de que hay una iniciativa, sino que debe haber cumplimiento de una jueza federal”, acotó.
Esta ley también fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Comité contra la Desaparición Forzada, pues, en un diálogo con el Estado mexicano, se destacaron los aspectos positivos de la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En representación de este órgano internacional, Andrés Díaz Fernández, oficial de Derechos Humanos en México, remarcó que, así como “es un tema primordial que las víctimas tengan acceso a procesos de investigación y búsqueda, también se tiene que garantizar su integridad y su salud porque la vida sigue”.
Expusieron que el caso de María Eugenia Margarita Rojas García es un claro ejemplo de lo vital que es implementar esta ley a la brevedad, ya que su hija, Fabiola Narváez Rojas, desapareció el 13 de enero de 2021.
Esto provocó que ella tuviera que ocuparse de las tareas de cuidado de su nieta quien actualmente tiene 9 años. María Eugenia, al ser derechohabiente del IMSS, buscó afiliar a su nieta para darle seguridad social y garantizar su derecho a la salud.
Sin embargo, se topó con la negativa a este derecho con el argumento de que solamente los padres podían afiliar a los hijos.
“Me topé con pared desde el principio. Llegué y solo me dijeron ‘ahí están los requisitos’ […] y yo no la podía afiliar porque no es mi hija, es mi nieta”.
“Se tuvo que realizar una serie de estrategias jurídicas solamente para garantizar el acceso a seguridad social y a la salud”, explicó Daniela Jiménez