El distribuidor vial Central de Abasto será pagado en su totalidad con recursos públicos estatales, de acuerdo con el convenio de coordinación firmado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno de Puebla, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“El estado (Puebla) realizará la inversión total para la ejecución de los trabajos de construcción del proyecto, así como de los gastos que se generen por la obtención de los permisos y anuencias necesarios ante las instancias correspondientes”, se detalla.
Con un costo de 300 millones de pesos, la administración estatal comenzó las obras el 7 de diciembre de 2023, con la finalidad de terminarlas en agosto de este año. El objetivo es agilizar el tráfico de más de 60 mil vehículos que diariamente circulan por la zona que comparten Puebla y Tlaxcala.
En el documento se especifica: “El estado se obliga a destinar el uso del tramo carretero única y exclusivamente para construcción del proyecto, por lo que no podrá variar el destino que en el presente instrumento se haya determinado, sin el consentimiento previo y por escrito otorgado por la Secretaría”.
Los permisos en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también deberán ser gestionados por las autoridades locales.
De ser necesario, los recursos públicos de Puebla también se utilizarán para adquirir áreas adicionales para derecho de vía con motivo de la obra, mismos que tendrán que ser donados a la federación.
La federación señaló que actualmente la vialidad se encuentra en buenas condiciones, por lo que el gobierno del estado se encuentra obligado a mantenerla de la misma manera.
Entre las obligaciones que delegó la SICT a Puebla se encuentran: prohibir el uso del derecho de vía, y la ejecución de obras públicas estatales, municipales o de otra índole que afecten el tramo carretero, sin que exista autorización de la dependencia.
También se negará la instalación de propaganda comercial dentro del derecho de vía o en la franja de 10 metros aledaña. Además, se impedirá la colocación de vendimias o ferias que puedan obstruir o averiar la carretera y la colocación de terminales de transporte urbano.
Una vez concluidos los trabajos, el Gobierno de Puebla está obligado a informar por escrito a la Secretaría para que lleve a cabo la verificación física y el proceso de entrega y devolución del tramo.
Por GIOVANNI GÓCHEZ JIMÉNEZ
GJGJ