Es muy común en estos tiempos electorales, hablar de la violencia contra la mujer, una vez que se ha superado la paridad de género. Sin embargo, poco se habla de la violencia política en México. Según expertos y estudios hay focos rojos en 74 de las 300 zonas electorales federales.
Hay riesgos en 21 estados, pero afortunadamente en Puebla no los hay. Sin duda, un reflejo del buen gobierno de Sergio Salomón Céspedes.
De acuerdo a una investigación del diario Reforma, el 25 % del territorio electoral de México existe algún riesgo de que la violencia o presencia del crimen organizado impacte el desarrollo de los comicios en 2024.
En 74 de los 300 distritos electorales federales se registraron ataques a políticos, operadores partidistas y funcionarios electorales, masacres, plagios de migrantes, enfrentamientos entre criminales, así como emboscadas a policías y fuerzas armadas.
En el mapa de riesgo se incluyeron 21 entidades: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo león, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Morelos, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco, Durango y Sinaloa.
De acuerdo a datos del diario El Economista, durante los últimos dos años se ha incrementado considerablemente el número de ataques en contra de políticos y funcionarios públicos, particularmente durante campañas políticas.
De 2021 a 2023, ese tipo de actos subió 198 % y lo preocupante es que algunos analistas estiman que el proceso electoral de 2024 podría convertirse en el más violento de la historia.
Históricamente, el blanco de los ataques ha sido contra personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71 % de los casos. Y por partido, en los últimos seis años los más atacados están vinculados a Morena, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) o a sus gobiernos.
Incluso, en la última sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes de PAN y del PRD exigieron a la institución y a los gobiernos elaborar en conjunto, un mapa de riesgos y puedan denunciar casos concretos de inseguridad y violencia.
Ante la injerencia del crimen organizado en los comicios, urge un atlas para que autoridades y partidos puedan tomar medidas. El INE tiene un diagnóstico sobre puntos conflictivos para la instalación de casillas y capacitación de funcionarios.
Las demandas fueron hechas por el perredista Ángel Ávila y el panista Víctor Hugo Sondón, quienes criticaron a la autoridad electoral de deslindarse del tema, justificando no tener facultades.
El PRD dijo que estados objeto de preocupación son Zacatecas, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Baja California, Michoacán, Estado de México y Veracruz.
El PAN señaló que el crimen organizado quiere poner y quitar candidatos, además de que ya empezó el hostigamiento hacia algunos aspirantes.
Sin duda hay que reflexionar que Puebla está dentro de los estados más o menos tranquilos por obra del actual Gobierno del Estado en materia de seguridad, en manos de Sergio Salomón Céspedes.
Por LETICIA MONTAGNER
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