En el estado, desde 2019 se tiene el registro de 8 ataques con ácido, de acuerdo con el recuento que realizó la fundación Carmen Sánchez, cuya vicepresidenta, Ximena Canseco, afirmó en entrevista para 24 HORAS PUEBLA que la entidad es de las que más casos reporta en México.
“Puebla es una de las entidades federativas en donde más hemos documentado la incidencia de este tipo de delitos; nosotras empezamos a documentar y a sistematizar las cifras y algunos de los testimonios desde 2019”, indicó.
Ximena Canseco explicó que la cifra de ocho víctimas no significa que no haya más casos, en cambio podría haber algunos ataques con ácido que no se han hecho mediáticos.
En la actualidad no hay una lista o registro oficial de este tipo de agresiones, por lo que la activista señaló que es necesario que las autoridades establezcan un padrón de este tipo.
De los ocho casos que registra la fundación, las víctimas han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones dolosas o calificadas y por violencia familiar.
Detalló que la fundación tuvo contacto con la joven Andrea, que fue víctima de uno de los ataques con ácido en 2022 cuando salía de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la vía Atlixcáyotl. En ese caso, uno de sus brazos sufrió lesiones.
Caso Esmeralda, ataque con ácido derivó de violencia previa
Señaló que actualmente acompañan en su proceso de recuperación a quien consideró la víctima más grave de este tipo de ataques en Puebla: Esmeralda Millán.
La mujer de 29 años fue víctima de violencia ácida a manos de su expareja, quien dañó su rostro, pecho, brazos y cuello; la afectación fue tal que el próximo mes de abril deberá ser sometida a un trasplante de córnea. Además, sufrió una perforación en el esófago.
La activista detalló que tanto en el caso de Esmeralda, como en el de muchas otras mujeres, las víctimas de estos ataques vivieron en un contexto de violencia previo.
“No son hechos aislados y es parte del continuum de violencia que las mujeres experimentaron dentro de su relación de pareja”, señaló.
Manifestó que es necesaria una reforma a la legislación local para que haya mecanismos de reinserción laboral, sistemas de pensiones o beneficios para que terminen sus estudios, toda vez que los ataques con ácido causan daños irreversibles.
“La búsqueda de justicia no termina con los agresores en la cárcel”, afirmó, en referencia a la necesidad de políticas públicas en favor de las víctimas: “A Esme y a todas las que han sufrido esta violencia les han arrebatado mucho, les han arrebatado la salud física, la salud mental”.
Pena máxima por ataques con ácido
Este 13 de marzo, por primera vez se clasificó como tentativa de feminicidio un ataque con ácido. Lo anterior ocurrió después de que, en marzo de 2023, el Congreso local aprobara una reforma para castigar hasta con 40 años de cárcel los ataques con ácido.
Con la modificación al Código Penal local, se calificaron como tentativa de feminicidio las lesiones generadas por sustancias corrosivas, como fue el caso de Esmeralda Millán. En los próximos días se sabrá si el agresor obtendrá 43 años de cárcel.
La activista Ximena Canseco comentó que los ataques con ácido son lesiones degradantes que atentan contra la dignidad de las mujeres y el derecho a tener una vida libre de violencia.
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Detalló que, debido a la falta de atención de parte de las instituciones para el caso de Esmeralda, la fundación se ha hecho cargo de los tratamientos de recuperación.
Han organizado rifas; en la última, lograron reunir 200 mil pesos para costear los tratamientos médicos. Además, cuentan con el apoyo de médicos que no cobran honorarios.
Dijo que en el caso de Esmeralda, ni siquiera han podido conseguir que las autoridades poblanas les presten únicamente un quirófano para llevar a cabo sus operaciones.
Añadió que es un común denominador este tipo de situaciones, pese a que en la Ley General de Víctimas establece que se debería brindar atención médica y psicológica, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Indicó que las víctimas sufren daños físicos y requieren operaciones para restablecer su vida y sus actividades, además tienen que luchar contra la revictimización y los señalamientos sociales, así como en su mayoría no consiguen trabajo.