Foto: Especial | CRISIS. Chiapas es uno de los estados más afectados por el desplazamiento forzado; así como Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, SLP, Tamaulipas y Zacatecas.
Foto: Especial | CRISIS. Chiapas es uno de los estados más afectados por el desplazamiento forzado; así como Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, SLP, Tamaulipas y Zacatecas.

De un momento a otro, las familias deben dejar patrimonio, raíces, pasado atrás y abandonar su hogar para garantizar su bienestar, salvarse y romper con ese círculo de violencia.

Poco a poco, o en desbandada, convierten sus comunidades en pueblos fantasma.
Casos hay muchos, pero recientemente se conoció un video en redes sociales de una joven de Pitiquito, Sonora, quien denunció la desaparición de su tío -miembros de la única familia que queda en la comunidad- donde mostraba que ahí ya no queda casi nadie.

La violencia es el principal generador del desplazamiento forzado, principalmente en las zonas rurales por el gran negocio que representa para el crimen organizado controlar un territorio para realizar libremente sus actividades de contrabando, trasiego de droga y hasta tráfico de personas, aseguró José Andrés Sumano Rodríguez, doctor e investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Esta problemática impacta principalmente a Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Sonora, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Sin embargo, también se presenta en áreas urbanas, como en la zona de La Laguna, entre 2010 y 2012, o en la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León o en Ciudad Juárez, Chihuahua, destacó.

El investigador destacó que en los estados fronterizos, los poblados fantasma son utilizados como bastiones de criminalidad y se usan para el trasiego de migrantes, donde les cobran por llegar, por su estancia y traslado.

Aunque el desplazamiento no está circunscrito de forma exclusiva a la violencia provocada por grupos del crimen organizado, también se genera por motivos religiosos, actividad minera, fenómenos naturales e incluso, por sequía.

Huida exprés


La gente de las zonas rurales se va muchas veces sin poder, incluso, agarrar sus cosas y eso genera los pueblos fantasma. Pero además, una gran cantidad emigra a las ciudades y crea cinturones de pobreza en las grandes urbes, destacó Sumano.

En algunos casos, sí libran ese entorno violento, pero en otros se convierten en caldos de cultivo, precisamente, para la violencia y la criminalidad.

“El negocio basado en el narcotráfico mutó a uno basado en las extracciones por rentas y extorsión. Se mantiene la línea del tráfico de drogas, pero han crecido mucho los negocios del secuestro, de la apropiación de ranchos, de la captación de presupuestos municipales y todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza” y esa mutación generó, por así decirlo, la pulverización de los grandes cárteles y nacieron las superpandillas, explicó.

Sumano Rodríguez señaló que, sin embargo, hay algunos casos donde las autoridades municipales, estatales, pero sobre todo federales, cumplen con su trabajo y recuperan territorios ocupados.

EPISODIOS RECURRENTES


De enero a junio de 2023, se reportaron 26 episodios masivos de desplazamiento interno por violencia ocurridos en ocho estados: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Los cuales afectaron a 7 mil 710 habitantes, es decir que, en promedio, ocurrió un episodio por semana y 43 personas fueron desplazadas por día, señala un informe presentado el año pasado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Además, indica que el desplazamiento forzado interno se genera por diversos y multifactoriales tipos de violencia del crimen organizado; proyectos de desarrollo, como la minería y la tala ilegal; conflictos territoriales comunitarios; los efectos adversos del cambio climático, y los desastres naturales.

Destaca que las ciudadanos huyen de la violencia sexual, por razones de género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros crímenes.

Además, señala que afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas e impacta de manera diferenciada a mujeres y niñas, niños y adolescentes, familiares de desaparecidos, defensores de derechos humanos, periodistas y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Por Redacción 24 Horas

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