No sólo incrementó la transferencia de funciones a las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años, desde el inicio del actual sexenio los presupuestos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) aumentaron en 138% y 71 %, respectivamente, aunado a la administración de los grandes proyectos de infraestructura del país, como el Tren Maya.
Para 2024 se les etiquetó a las Fuerzas Armadas 3.7 % del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), tercer gasto más alto sólo detrás del de las secretarías de Educación y del Bienestar, y operan bajo una “lógica empresarial”, pero carecen de obligaciones de fiscalización y transparencia, advierte la segunda edición de El Negocio de la Militarización en México. Opacidad, Poder y Dinero.
En el marco de la presentación de este informe que elabora anualmente la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, la directora general Lisa Sánchez advirtió que actualmente tienen el “control completo del país”, pues administran todo el territorio nacional por sus labores de seguridad, dominan la entrada y salida de personas y mercancías al hacerse cargo de las aduanas y las oficinas migratorias.
Esta organización analiza el papel que las Fuerzas Armadas han tomado en la política y economía de la actual administración federal, por lo que, a convocatoria del senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, el director de Incidencia Política de México Unido, Jonathan de Vicente Encarnación, consideró que “no es de extrañarse que, en un futuro, no muy lejano, comiencen a tener presencia incluso en el poder político, para garantizar que sus beneficios y ganancias permanezcan”.
En el actual proceso electoral, detectaron que hay “militares en activo que están como candidatos”, por lo que alertó que no sería una sorpresa que en la próxima administración haya servidores públicos que impulsen políticas, recursos e iniciativas de ley en favor de la militarización.
El senador Álvarez Icaza señaló que el hecho de que las Fuerzas Armadas sean el tercer mayor receptor del presupuesto es una “distorsión a la economía” del país, pues las instituciones castrenses compiten en condiciones de ventaja y discrecionalidad, más allá del poder y control que adquieren por la gran cantidad de montos que se les asigna.
(Con información de Quadratín)
Por: Redacción 24 Horas