Foto: Cuartoscuro | Culpas. Tras el asesinato de la candidata Gisela Gaytán, el Gobierno federal responsabilizó al organismo electoral de Guanajuato y autoridades estatales
Foto: Cuartoscuro | Culpas. Tras el asesinato de la candidata Gisela Gaytán, el Gobierno federal responsabilizó al organismo electoral de Guanajuato y autoridades estatales

El Gobierno federal enfocó sus críticas contra Guanajuato por el asesinato de la candidata morenista a alcaldesa de Celaya, Gisela Gaytán, siendo que Guerrero, estado gobernado por Morena, ocupa el primer lugar en violencia electoral.

De acuerdo con el Mapa de Riesgos de la organización Laboratorio Electoral, Guerrero es el estado más letal para las candidaturas, pues en lo que va del proceso electoral registra 20 episodios de violencia, desglosados en 12 asesinatos y ocho agresiones, por lo que está en máximo nivel de alerta.

Mientras que, en la misma medición, Guanajuato está catalogado con riesgo bajo, con cuatro asesinatos de personas relacionadas con las elecciones.

Durante la conferencia Mañanera, ayer las autoridades se repartieron culpas por el homicidio de Gisela Gaytán, candidata a alcaldesa de Celaya, quien fue atacada durante su primer día de campaña, cuando realizaba proselitismo.

La Federación señaló al gobierno de Guanajuato, encabezado por el PAN, por la responsabilidad de brindar seguridad a los candidatos municipales, que, según el reporte de Violencia Electoral, es donde se han concentrado los ataques contra aspirantes.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseveró que la candidata Gaytán, asesinada el pasado lunes, y el aspirante a regidor, Adrián Guerrero Caracheo, a quien en un inició se contó como otra víctima mortal (lo cual fue desmentido después), pidieron protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y este canalizó la solicitud al órgano electoral de Guanajuato, que, a su vez, negó la petición porque aún no arrancaban las campañas.

A la carga se sumó Morena, pues acusó a la administración de Diego Sinhue Rodríguez y a la presidenta del Organismo Público Local Electoral (Ople), Brenda Canchola, de omisión al no otorgar la seguridad a la candidata morenista, por lo que pidió deslindar responsabilidades y anunció que arrancará un proceso de remoción de la presidenta del organismo electoral. 

LOS OTROS DATOS

La organización Laboratorio Electoral lleva documentados 50 asesinatos relacionados con las elecciones, mientras el Gobierno federal solo reconoce 14.

Los atentados han impactado a todos los partidos, pues Laboratorio Electoral, desde que arrancaron las campañas adelantadas en julio pasado, señala a 26 aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados.

En su informe sobre Violencia Electoral, indica que entre junio de 2023 y el 29 de marzo pasado se registran 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, los cuales se consideran los más grandes en la historia del país.

Destacan los 50 asesinatos, de los cuales 26 fueron contra aspirantes, así como nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.

Los partidos con aspirantes más asesinados son Morena, con nueve víctimas; PAN, con cinco; el PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, con tres cada uno, y el PRD, con dos, todos para cargos municipales.

Los estados con focos rojos por violencia electoral son Guerrero, donde más aspirantes han sido asesinados, así como Michoacán, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz, según el reporte de Laboratorio Electoral.

En contraste, el Gobierno federal señala que en lo que va del actual proceso electoral se han registrado 14 homicidios de aspirantes, la mayoría contra integrantes de Morena.

Lo anterior, según datos presentados –y ajustados- ayer por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador..

Aunque por la mañana la funcionaria federal indicó que en lo que va del actual proceso han sido asesinadas 15 personas, después la dependencia a su cargo cambió el estatus de uno por “no localizado”.

Otro de los datos son las solicitudes de protección por parte de candidatos, la coalición que arropa a Xóchitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México, es la que encabeza la lista.

Hasta el pasado lunes, han solicitado protección 108 personas, de las cuales 86 ya fueron atendidas, 10 declinadas y 12 están en análisis de riesgo.

De ese total, Fuerza y Corazón por México acumula 36 peticiones, la mayoría por diputaciones federales, le sigue Movimiento Ciudadano con 22, luego Sigamos Haciendo Historia (13) y Morena, con 10.

FALTA DE RECURSOS

La violencia que afecta los procesos electorales está relacionada con la eclosión de los grupos criminales, sobre todo en los municipios pequeños, porque los gobiernos no cuentan con los recursos para proteger a sus candidatos, afirmó Aldo Muñoz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Esta situación, mencionó, afecta a entidades como Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Veracruz, por lo menos, desde el 2000, aunque no son exclusivos.

Consideró que quienes hacen política en esas alcaldías tienen el peor de los escenarios, porque están supeditados a que los generadores de violencia aprueben sus candidaturas y les digan cómo hacer campaña, porque si no se atienen a las consecuencias y este fenómeno afecta a partidos y candidatos de todos los colores.

Además, planteó que el Estado mexicano tampoco tiene la capacidad para proteger a todos los aspirantes, porque en este proceso se disputarán 20 mil puestos de elección popular, lo que representaría, en cierto caso, disponer de 20 mil o 40 mil policías.

Aldo Muñoz consideró que las autoridades no cuentan con una estrategia que garantice que en poco tiempo, en meses o años esto cambie, porque además los municipios más vulnerables generalmente tienen un aislamiento territorial fuerte, con pocos accesos y una geografía atropellada.

Por Luis ValdésÁngel Cabrera and Raymundo César Luévano

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