La invasión de predios en la ciudad de Puebla ha frenado inversiones inmobiliarias necesarias para subsanar el déficit de vivienda nueva, sobre todo de interés social que puedan comprar personas con bajas cotizaciones en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de acuerdo con un estudio de la consultora Tinsa.
Por su parte, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez consideró que eso podría generar una crisis con consecuencias graves en seguridad y convivencia social.
Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) detallan que hay actualmente un déficit de 20 mil casas en la Angelópolis.
El también integrante de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo capitalino advirtió de las fallas institucionales del Gobierno municipal, en cuanto al diagnóstico y plan para incentivar la vivienda social.
“El gran problema que tenemos en la ciudad de Puebla y que se agudiza, fundamentalmente, porque hay varias fallas institucionales que no han permitido tener un diagnóstico correcto de cuál sería la posibilidad que tendría la ciudad para seguir creciendo.
“No existe una actualización del Programa de Desarrollo Urbano por parte de la actual administración municipal, pero además un Programa de Desarrollo Urbano que permita conocer justamente dónde hay espacios que, o son irregulares o que los dueños los han abandonado o que son susceptibles a ser invadidos por diversos grupos que están buscando espacios para asentarse”.
CRECIMIENTO ORDENADO
Leobardo Rodríguez reflexionó que “por supuesto que hay forma de crecer (en la ciudad), pero tiene que ser de forma ordenada”.
En la consideración de los analistas, el freno a inversiones y el déficit de vivienda se agrava por la falta de terrenos y la única posibilidad que va quedando para la edificación de vivienda es la periferia con los municipios conurbados, donde la responsabilidad para generar “banco de tierras” es del ayuntamiento capitalino.
De acuerdo con datos públicos, en Puebla capital apenas 11.7% de los proyectos inmobiliarios en fase de construcción son para el segmento popular, con un precio promedio de 495 mil 325 pesos por unidad.
La misma referencia menciona que, para el arranque de este 2024, solamente existen mil 346 casas construidas para el segmento popular, con una venta de mil 004.
El resto de los proyectos inmobiliarios disponibles es:
- 31.4% para vivienda tradicional.
- 25 % para el segmento medio.
- 29.1 % para el residencial.
- 2.9 % de residencial plus, cuyos precios oscilan de los 841 mil 699 pesos a los tres millones 477 mil 409 pesos.
El regidor de Morena agregó que, a lo anterior, se suma el grave problema de que no hay inversión en servicios públicos en las zonas en donde pudieran establecerse amplios espacios de desarrollo de vivienda popular, a pesar del impulso que los regidores avalaron.
“Aunque desde Cabildo, efectivamente, se aprobaron algunos incentivos para desarrolladores, el problema mayor no es el tema de los costos del desarrollo, sino la ubicación de espacios territoriales o este llamado ‘banco de tierra’ (…),
(…) donde además de que exista el espacio, exista también la dotación de servicios públicos: agua, alumbrado, accesos viales y todo lo que conlleva la posibilidad de desarrollar vivienda”.
DESORDEN JURÍDICO
De acuerdo con el Coneval, el derecho a la vivienda digna representa que “los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad”.
Sin embargo, la invasión y el bloqueo a la construcción de una casa de calidad – que no de construcciones diminutas hechas con materiales peligrosos o endebles – contravienen ambas leyes, que en lo local ya castiga con cárcel a quien promueva este tipo de acciones.
No obstante, aunque ya entró en vigor y hay litigios, la autoridad local, en este caso el ayuntamiento, hacen caso omiso.
El alcalde con licencia definitiva, Eduardo Rivera Pérez, quien compite ahora en la alianza del PRIANPRD por la gubernatura, hizo la promesa, en 2021, cuando buscaba su segunda ocasión como presidente municipal, de atacar el déficit de vivienda.
Cuando tomó el cargo, afirmó que se iban a construir seis mil nuevas casas, de esta meta sólo se pudo consolidar la mitad, según la Canadevi, por falta de predios para más desarrollos dentro del municipio y poco avance en el plan de repoblar el Centro Histórico mediante la recuperación de casonas.
El regidor Rodríguez Juárez criticó que “la política de desarrollo urbano que ha implementado el actual gobierno tiene que ver con la gentrificación de algunas zonas cercanas al Centro Histórico y otras en donde hay alguna posibilidad de desarrollo inmobiliario de vivienda, pero que “es de alto costo y no necesariamente vivienda popular”.
CASOS DOCUMENTADOS
Un seguimiento hemerográfico documenta por lo menos tres casos emblemáticos de invasiones.
En San José Zetina, junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, Félix Escalona Martínez, quien fue apodada “María Félix, se “apoderó a mano armada de 200 hectáreas de terreno para luego lotificar y ‘regalar’ predios a personas a las que, si bien no les cobró inicialmente nada, les solicita dinero frecuentemente para tramites inexistentes”.
Otro caso es el que afecta a la Fundación Julita y Antonio, la cual denunció la invasión de 22 hectáreas de la exfábrica textil La Covadonga mediante el uso de un grupo armado, en abril de 2023. Luego de ello, el terreno se lotificó y se vendió de manera ilegal a 100 personas que ahora buscan escriturar.
A pesar de que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla atendió la petición nueve meses después.
También, en el arranque del trienio de Rivera Pérez, se registró la invasión de predios en las colonias Villa Albertina y Hacienda Las Fuentes, al sur, por unas 100 personas que dijeron ser de Antorcha Campesina, aunque la organización se deslindó de las mismas.
De acuerdo con información, en noviembre de 2021, personas armadas, al igual que en los otros dos casos, se apoderaron de las tierras e instalaron un campamento con láminas y lonas.
Por: Redacción 24 Horas Puebla