En una sesión marcada por el debate, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura aprobó, con 5 votos a favor y una abstención, un dictamen que modifica el Código Penal del Estado, estableciendo nuevas disposiciones sobre el aborto. Las reformas, que afectan a los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del mencionado código, definen el aborto como la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación.
Según las modificaciones aprobadas, se impondrán penas de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que, de manera voluntaria, procure su aborto o consienta que otro lo realice después de las 12 semanas de embarazo. Además, aquellos que lleven a cabo el aborto con el consentimiento de la mujer o persona gestante enfrentarán una pena de uno a tres años de prisión, independientemente del medio utilizado.
La reforma también contempla sanciones severas para el aborto forzado, que se define como la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer o persona gestante. Este delito será castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión, y de ocho a diez años si se incurre en violencia física o moral.
No obstante, el dictamen establece excepciones en las que el aborto no será sancionable. Estas incluyen situaciones en las que el aborto sea resultado de imprudencia, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o inseminación artificial no consentida, o cuando la vida de la mujer o persona gestante esté en peligro. Asimismo, se permitirá el aborto si un médico especialista determina, mediante dictamen, que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que podrían causar daños físicos o mentales, siempre con el consentimiento correspondiente.
Durante la discusión del dictamen, los diputados José Miguel Espinosa de los Monteros Gil y Fernando Sánchez Sasia destacaron la necesidad de un análisis profundo sobre el tema, invitando a considerar las diversas voces y preocupaciones en torno a las implicaciones de estas reformas.
La sesión fue presidida por el diputado Eduardo Alcántara Montiel, quien estuvo acompañado por los legisladores Gerardo Hernández Rojas, Yolanda Gámez Mendoza, Silvia Tanús Osorio, Patricia Valencia Ávila, Fernando Sánchez Sasia, Eliana Angélica Cervantes González, Xel Arianna Hernández García y José Miguel Espinosa de los Monteros Gil.
Con esta votación, Puebla se une a un debate nacional sobre los derechos reproductivos y la regulación del aborto, reflejando una sociedad que busca equilibrar la ética, la salud y los derechos humanos en sus legislaciones.