La Fiscalía de Bolivia acusó formalmente al expresidente Evo Morales del delito de trata de personas. La acusación surge de una investigación iniciada en octubre de 2024, tras una orden de detención emitida durante la fase investigativa. El exmandatario, quien no se presentó a la audiencia del martes, fue citado para declarar ante el Ministerio Público.

Nelson Cox, abogado de Morales, calificó el proceso como "absolutamente forzado" y afirmó que no existe víctima en este caso. Según Cox, la menor supuestamente afectada nunca denunció a Morales por este delito. Durante la audiencia, el juez decidió congelar los bienes de Morales y prohibir su salida del país mientras continúa el proceso judicial.

La defensa presentó documentos médicos que alegaban que Morales sufría de bronconeumonía y bradicardia, pero el juez Rocabado rechazó estos informes, considerando que no son justificaciones válidas para la inasistencia. La fiscalía sostiene que la relación entre Morales y la menor comenzó en 2015, cuando él aún era presidente. Según el expediente, los padres de la joven habrían consentido la relación a cambio de beneficios políticos.

En 2020, Morales ya había sido investigado por un caso similar de estupro, pero la investigación fue desestimada. Esta vez, la fiscalía lo acusa específicamente de trata de personas. Si se demuestra su culpabilidad, Morales podría enfrentar una condena de entre 10 a 15 años de prisión.

A pesar de la orden de aprehensión, la policía aún no ha logrado capturar a Morales, quien desde septiembre se encuentra en el Trópico de Cochabamba. Allí, sigue bajo la protección de sus partidarios, quienes han establecido varias "anillos de seguridad" para impedir su detención.

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