Gerardo Gutiérrez Candiani
Es increíble cómo desde el poder político en México se consuman abiertamente abusos de proporciones histórica, con costos incalculables, sin verdadera resistencia, más allá de la testimonial, de los afectados y sobre todo de quienes podrían dar la batalla. Al menos para dejar la pasividad e ir poniendo diques a la arbitrariedad que hoy campea sin contrapesos efectivos.
Es el caso de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que la mayoría oficialista en el Poder Legislativo aprobó sin tomar en cuenta las serias preocupaciones manifestadas por representaciones de los trabajadores y del sector empresarial sobre el riesgo que implica para un patrimonio de más de 2.4 billones de pesos.
Dinero que no es del gobierno, sino de los trabajadores. Que está a su nombre individualmente, en sus subcuentas de vivienda, como acumulado del 5% de su salario integrado aportado por sus empleadores.
Un capital de más de 77 millones de derechohabientes que ahora se pone a disposición, sin controles verdaderos, de una nueva empresa creada para construir vivienda, algo que ya hizo el Infonavit hace años, dejando, más que nada, grandes pérdidas.
Difícil pensar que ahora pueda ser diferente, tratándose de la creación de una filial con amplio margen de discrecionalidad. Respondiendo solo, de facto, al director general del instituto, nombrado por el Ejecutivo Federal ya sin aval de la Asamblea, pues, con esta reforma, se nulifica, en los hechos, el sistema de gobernanza tripartito, que supone el mismo peso para las decisiones de los sectores obrero, patronal y gobierno.
A este último le correspondería la administración y bajo supervisión. No un cheque en blanco, que es lo que puede esperarse de una empresa que, convenientemente, por un lado, para su gasto estará en el presupuesto, pero por otro, regida por el derecho mercantil, como si fuese un negocio privado y no una entidad pública, sujeta como tal a procesos puntuales de fiscalización, combate a la corrupción y transparencia.
Es bien conocido que los gobiernos son generalmente malos empresarios; que los proyectos de obra pública, cuando se despliegan sin controles ni mecanismos de rendición de cuentas, frecuentemente acaban en quebrantos con largas estelas de corrupción. Es el extenso historial de malas decisiones de inversión, muchas veces motivadas con criterios políticos, además de los problemas de empresas fantasmas o creadas ipso facto por conocidos, de sobrecostos y abusos en contratos y compras de materiales y terrenos o en el arriendo de equipo.
Máxime cuando hay opacidad, rienda suelta y mucho dinero ajeno, obtenible rápida y fácilmente, como en este caso, a partir de la votación de diputados y senadores, pero sin el aval de los auténticos propietarios de los recursos.
Como si no hubiese suficiente experiencia de lo que puede costar todo esto, con el caso emblemático de la quiebra técnica de Pemex, que, de acuerdo con la última información corporativa, registró una pérdida neta de 430.1 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de 2024. Unos 21 mil 176 millones de dólares. Pérdidas récord durante la dirección de quien ahora es responsable del Infonavit, ahora con amplio margen para disponer de los referidos 2.4 billones de pesos, unos 117 mil millones de dólares.
Por lo pronto, el Infonavit tiene un mes para constituir esa empresa constructora, contando desde que entre en vigor la reforma, cuyos promotores dicen que permitirá levantar hasta 500 mil viviendas para derechohabientes de bajos ingresos; asimismo, arrendamiento social con un costo que no exceda el 30% del salario neto del inquilino.