Gerardo Gutiérrez Candiani
El Gobierno Federal presentó su paquete de legislación secundaria en materia energética como una reversión de la reforma de 2013, a la que acusa de buscar privatizar a Pemex y la CFE. En esa línea, destacó que, tras la reforma constitucional de octubre que les quitó la denominación de empresas productivas del Estado, que implicaba la obligación de generar rentabilidad, ahora “son del pueblo de México”, centradas en la soberanía nacional y la justicia social. Las nuevas iniciativas serían el paso siguiente.
Como es notorio, sigue la retórica ideologizada del sexenio anterior, en el que, de facto, fue revertida la reforma del 2013, la cual había puesto a México en una ruta franca de apertura, modernización e inversiones crecientes. Sin embargo, afortunadamente, en la legislación promovida por este nuevo Gobierno hay elementos de realismo y pragmatismo que sin duda son buena noticia. Máxime ante el tremendo retroceso previo.
Desafortunadamente, solo en el sector eléctrico; no realmente en el de hidrocarburos.
En electricidad se plantea un esquema que sí toma en cuenta necesidades reales y esenciales para la inversión privada en la materia y para los grandes consumidores de energía, como la industria. Por tanto, es alentador para la inversión, en general. No es lo único que importa para reactivarla, pero sí es indispensable.
Como destacan especialistas, el Gobierno mantiene el control del mercado, pero habilita permisos para que la pequeña y mediana industria, y parte de la grande, generen su propia energía, además de que se aborda la falta de inversión en transmisión, la cual ha limitado el crecimiento industrial y propiciado apagones en varias regiones. Al menos ya no se evade el problema.
A diferencia de los intentos de reformas de la pasada administración, contraproducentes e improvisadas y que además adolecieron de serias fallas de legalidad, las de la actual tienen sentido e incluso rescatan prácticas positivas previas, adaptándolas a sus inclinaciones ideológicas.
Entre lo más positivo, destacaría que el Mercado Eléctrico Mayorista seguiría funcionando, al igual que la figura de generador para este esquema. Si bien habrá nuevas reglas, aún por definirse, la idea sería mantener el despacho por mérito económico, es decir, priorizar la generación de menor costo. Además, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) seguirá siendo el operador del mercado, lo que brindará cierta separación entre la administración del sistema y la CFE.
La CFE, por una disposición arbitraria y limitante, deberá tener una participación mínima del 54% en la generación de energía en el país, conforme a promedio anual, todavía pendiente de detalle. Pero puede invertir con privados compartiendo riesgos y beneficios mediante mecanismos que pueden ser viables y atractivos. Aunque la falta de claridad en la redacción genera incertidumbre, es factible que vuelva cierto dinamismo y certeza con el reconocimiento de derechos previos.
La CFE volverá a operar como una sola empresa, sin subsidiarias y filiales. Aquí hay que evitar subsidios cruzados o la contaminación a las partes sanas de la empresa, todo lo cual podría, además de descomponer sus finanzas, frenar la expansión y la modernización de la red.
El panorama es muy distinto en hidrocarburos, de lo que esperamos comentar más en otro artículo. Por lo pronto, las perspectivas para la inversión privada no son buenas, y menos lo son las de que Pemex pueda levantar cabeza de su quiebra técnica y declive productivo.
El Gobierno también considera aquí esquemas de inversión mixta. Hay que despejar dudas, pero, como han señalado especialistas, los problemas comienzan con la situación desesperada de esa empresa “del pueblo de México”, ya no obligada a siquiera aspirar a ser rentable, con sus pérdidas acumuladas, su deuda estructural y los pasivos con sus proveedores. Nada de reestructuración financiera y operativa para salvarla.