El Gobierno mexicano respondió de manera contundente al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, negando cualquier participación estatal en estos crímenes. La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que México coopera activamente con el organismo internacional, pero rechazó las imputaciones.
El Comité solicitó información bajo el artículo 34 de la Convención, lo que activó un procedimiento formal. Sin embargo, México insistió en que no existe una política de desapariciones forzadas y destacó su compromiso con los derechos humanos. La administración de Claudia Sheinbaum prometió acciones más enérgicas.
A pesar de las críticas, el gobierno mantendrá su colaboración con la ONU, enviando informes periódicos y atendiendo solicitudes. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos fue notificada oficialmente. El CED supervisa el cumplimiento de la Convención, pero México asegura que trabaja en soluciones.