Se aproxima la elección más extraña que ha vivido nuestro país: la selección de los integrantes del Poder Judicial, convocada para el próximo domingo 1º de junio. Este evento no sólo atrae la atención por la magnitud de la tarea, sino también por la expectativa de participación ciudadana que, según la autoridad electoral, se prevé se desarrolle con una participación de 8 y 15 % del padrón.
En este contexto, más de 602 millones de boletas serán impresas, una cantidad que podría resultar desproporcionada si consideramos el escepticismo que rodea la consulta, además de la complejidad para entender las mismas boletas.
La corriente oficialista sostiene con optimismo que los electores tomarán decisiones informadas para elegir a aspirantes alejados de las garras de la mafia del poder, visualizando un cambio en las dinámicas de control que históricamente han dominado la institución judicial.
Sin embargo, las voces críticas levantan una bandera roja, subrayando que el sufragio no garantiza de ninguna forma, la independencia de los magistrados y jueces respecto a los intereses políticos, económicos y criminales que operan en la sombra, y eso no es un secreto.
La complejidad de este ejercicio democrático es que los votantes deberán decidir entre múltiples boletas: seis en total, cada una con diversas candidaturas para elegir a quienes ocuparán cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras magistraturas.
Lo cierto es que no hay interés en participar, mucho menos hay conocimiento sobre los aspirantes, ¿cuánto tiempo podrá o querrá dedicar la gente común y los jóvenes a investigar estos perfiles? Un reto aún mayor es el nuevo diseño judicial del que poco se habla, en el que los 32 circuitos se transforman en 60 distritos judiciales electorales.
Varios magistrados vigentes han señalado la evidente falta de información sobre el proceso en sí. Algunos especialistas en materia electoral advierten sobre un abstencionismo superior al 50 %, ya que movilizar a la ciudadanía para participar en la selección de jueces y magistrados representa un reto monumental.
La campaña de difusión lanzada por las autoridades y entidades interesadas ha sido hasta ahora insuficiente; sin embargo, no deja de ser crucial para que la población entienda sus derechos y el impacto que tiene su voto.
Finalmente, para los más de 30 millones de votantes morenistas, la elección de estos 881 cargos judiciales representa una oportunidad para reforzar la calidad y legitimidad del sistema judicial en México.
A pesar de las advertencias claras y del riesgo de que este proceso se convierta en un ejercicio ridículo, donde el destino del Poder Judicial se juegue en la apatía de una sociedad desinformada.
Por lo pronto vemos en campaña a personajes como el ex presidente del Instituto Electoral del Estado, el magistrado Jorge Sánchez Morales, quien es candidato a la Sala Superior del TEPJF y se muestra muy activo en redes sociales. Está apostando a que los poblanos se acuerden de él y de su trayectoria que, dicho sea de paso, tuvo un buen desempeño en Guadalajara y podría resultar interesante.