Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de captura en su contra, de acuerdo con información difundida por medios nacionales este miércoles.

Un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia penal en Ciudad de México habría concedido la medida cautelar, con garantía de 52 mil pesos.

Según reportes judiciales, el recurso fue promovido el 21 de abril por el exmandatario, ante actos del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

La suspensión provisional fue concedida con el fin de mantener las cosas en su estado actual, evitando que Aureoles sea privado de su libertad por la orden de aprehensión.

No obstante, el juez aclaró que la medida no impide que se imponga prisión preventiva justificada durante el procedimiento penal en su contra, conforme a la ley.

La autoridad judicial solicitó a las dependencias involucradas entregar informes previos en un lapso de 48 horas hábiles, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En paralelo, la Fiscalía General de la República confirmó que Interpol emitió ficha roja para la búsqueda y localización internacional de Silvano Aureoles.

Esto fue confirmado por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien precisó que autoridades en Estados Unidos, Europa y países fronterizos ya fueron notificadas.

Aureoles es investigado por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en diversas regiones de Michoacán.

En marzo, cuatro excolaboradores del exgobernador fueron vinculados a proceso, enfrentando cargos de peculado, asociación delictuosa y administración fraudulenta, bajo prisión preventiva.

Los exfuncionarios implicados son Carlos “N”, Mario “N”, Elizabeth “N” y Antonio “N”, quienes ocuparon cargos clave en el manejo financiero y operativo de la SSP estatal.

Las investigaciones continúan abiertas y la situación jurídica de Aureoles dependerá del cumplimiento de los tiempos legales por parte del Poder Judicial y de la FGR.

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