El pasado 16 de junio, la expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos. Tras una audiencia que duró más de cuatro horas en el Centro de Justicia Penal, un juez desestimó las acusaciones por falsificación, aunque la defensa de las víctimas anunció apelación.
La autoridad ordenó que Irene Olea permanezca bajo medidas cautelares: se le prohíbe acercarse a las víctimas y salir del país. El Ministerio Público presentó 49 elementos de prueba durante el procedimiento. Se destacó que la exalcaldesa despidió a tres exfuncionarios por negarse a apoyarla; entre ellos se encontraba Socorro Barrera, quien fue asesinada el 20 de junio de 2024.
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Al concluir la audiencia, Michelle Hoyos anunció una próxima audiencia intermedia por falsificación de documentos contra los servidores públicos que perpetraron los despidos y están también vinculados a proceso. Las víctimas exigen justicia y señalan que Olea “intentó silenciar con miedo” tras documentar agresiones durante la manifestación del Día de la Mujer en marzo de 2023.
En su cuenta de X, la periodista publicó:
“Hoy, a las 3 de la tarde, la verdad tocará la puerta del poder. Irene Olea enfrentará a la justicia por falsificar evidencias…” El caso está lejos de concluir, y la comunidad periodística y ciudadana espera la resolución de las próximas diligencias.
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