A nivel nacional, Puebla ocupa el cuarto lugar en el número de matrimonios infantiles registrados en el estado ya que, hasta 2020, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) contabilizó poco más de 20 mil 228 menores de edad, entre 12 y 17 años, en unión conyugal.
Por esta razón, desde el Congreso del Estado se impulsa una iniciativa para impedir este tipo de enlaces, retirando a jueces de paz y presidentes municipales la facultad de autorizar para dichos casamientos en el Registro Civil.
Según la REDIM, las principales causas de los matrimonios infantiles son el embarazo a temprana edad, la violencia sexual y de género, así como los usos y costumbres de algunas comunidades indígenas, donde “cambiar o vender” a las menores se considera parte de los derechos familiares, aunque se transgredan las garantías individuales de niños, niñas y adolescentes.
Esta práctica genera deserción escolar, mortalidad materna, transmisión intergeneracional de la pobreza y limitación de oportunidades de desarrollo, afectando especialmente a las niñas, impactando negativamente sus expectativas económicas y de salud.
Datos del Gobierno federal indican que Puebla es uno de los estados donde el matrimonio forzado de mujeres menores de edad es común, particularmente en comunidades indígenas, entre ellas la nahua, donde las uniones suelen acordarse con base en la afinidad entre familias o intereses económicos.
Asimismo, otras culturas originarias mantienen prácticas similares: los tzotziles y tzeltales en Chiapas intercambian o venden a sus hijas por dinero, ganado o tierras; los mixtecos y tlapanecos en Guerrero entregan a sus hijas a cambio de una dote o para resolver conflictos familiares o comunitarios; los huicholes de Jalisco comprometen a sus hijas con hombres mayores que las eligen durante rituales festivos, mientras que los mazahuas del Estado de México pactan el matrimonio de sus hijas desde la infancia con hombres de la misma población o cercana.
Ante esta realidad, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la derogación de la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, eliminando la posibilidad de que los presidentes municipales suplan el consentimiento que requieren los menores para contraer matrimonio.
DERECHOS DE LA INFANCIA
“En Puebla, los usos y costumbres de las comunidades están vulnerando los derechos de los niños y las niñas ya que, por compromisos asumidos por los padres, se les obliga a casarse. Las niñas son las más afectadas”, señaló la diputada local por Morena, Guadalupe Yamak Taja, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, quien presentó y promovió esta iniciativa a favor de la infancia.
En entrevista con este medio, Yamak Taja explicó que la propuesta aprobada por la comisión que preside busca proteger a las menores que se ven obligadas a casarse a temprana edad, debido a tradiciones culturales arraigadas en sus regiones.
“Las cifras más recientes que tenemos en el Congreso del Estado nos alarmaron. Sólo en la capital poblana, el Inegi reportó que hasta 2020 hubo 62 matrimonios infantiles. Le siguen San Martín Texmelucan y Tehuacán con 13 casos cada uno; Atlixco y Amozoc con 10 cada uno; Izúcar de Matamoros con nueve y Tlahuapan con ocho”, detalló la legisladora morenista.
La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece que “las entidades federativas establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años”, norma vigente en Puebla desde 2016.
Sin embargo, hasta mayo de 2025 existía un apartado legal que permitía a los alcaldes intervenir en casos excepcionales. Esto ya no es posible, gracias a la reforma aprobada, que elimina por completo la posibilidad de matrimonios entre menores.
“La nueva iniciativa retira este poder a los alcaldes. Así buscamos proteger la integridad y la infancia de nuestros menores, evitando que puedan ser obligados a casarse. Si un menor vive en unión libre o está casado, se considera ahora una violación total y absoluta a sus derechos, lo cual constituye un delito”, afirmó.
Yamak Taja enfatizó que estas uniones no deben considerarse matrimonios, sino intercambios que afectan gravemente a niñas y niños de entre 14 y 19 años.
“Muchos dirán que a los 18 o 19 años ya no son menores de edad, según la ley mexicana, pero estos jóvenes no cuentan aún con el desarrollo cognitivo, sexual, mental ni emocional para asumir un matrimonio, aunque sean legalmente mayores”, explicó la diputada local.
“Con un matrimonio se les trunca la vida. Implica que asuman responsabilidades económicas y abandonen su preparación académica, lo cual afecta no sólo su futuro personal y profesional, sino también la economía del estado y del país. Menos jóvenes preparados significa menos competitividad en Puebla”, concluyó.