La lucha de pobladores de San Miguel Xoxtla, en defensa del agua continúa, pues los activistas del territorio denunciaron una presunta persecución jurídica contra Pascual Bermúdez y Rogelio Flores, integrantes de su comunidad, por parte del Poder Judicial y a la Agua de Puebla.
Durante un mitin realizado en la explanada del Poder Judicial, ubicado en la Ciudad Judicial de Puebla, los pobladores acusaron que este acoso se debe a que los campesinos se oponen a que la concesionaria del vital líquido acapare el agua en las regiones de su municipio.
Al respecto, la esposa de Pascual Bermúdez, Ruth Pérez Rodríguez, reveló que debido a un error procesal de la jueza María del Carmen Ruiz Medina, del Juzgado Cuarto de Distrito, se retiró la suspensión provisional que protegía al activista contra una posible detención.
A su vez, Pérez Rodríguez, también denunció el retraso en la admisión de un amparo promovido por otro de los activistas pertenecientes a este movimiento, Rogelio Flores, acusado por daño en propiedad privada y despojo.
LES ASEGURARON QUE NO HABÍA MEDIDA CAUTELAR
Al solicitar información sobre la orden de aprehensión al juzgado de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro poniente, ubicado en San Andrés Cholula, el juez de oralidad de la región de Puebla les confirmó que no existía ninguna medida cautelar en contra del acusado.
Según lo relatado por la esposa de Pascual Bermúdez, a raíz de esta respuesta, la jueza María del Carmen Ruiz Medina, consideró que la suspensión provisional carecía de sustento y decidió cancelarla, dejando a Bermúdez Chantes sin protección legal ante su posible aprehensión.
En este sentido, la defensa legal del defensor del agua de Xoxtla ya presentó una impugnación para revertir esta decisión y restituir la suspensión mientras se resuelve el juicio de amparo.
“A quien señalamos es al juez de Cholula que, malintencionadamente, rinde un informe a un juzgador distinto, niega la orden de aprehensión y por eso rechazan la suspensión principal. Evidentemente es inconstitucional la orden y si hubiera llegado el juez que debía llegar, ya se hubiera dado la suspensión definitiva”, aseguró la defensa legal de los defensores del agua.
Además, los abogados informaron que la semana pasada Pascual Bermúdez recibió una nueva notificación para presentarse ante los juzgados penales federales, relacionada con una segunda denuncia en su contra por supuestos ataques a las vías generales de comunicación, después del cierre de la autopista México-Puebla, ocurrido el pasado 28 de mayo. La misma citación fue enviada también a Renato Romero, otro activista señalado por los mismos hechos.
Por lo anterior, los pobladores advirtieron que estas acciones forman parte de una estrategia de criminalización en contra por defender el agua y el territorio. Exigieron al Poder Judicial y a las autoridades competentes que se respete el derecho a la protesta y se garantice la libertad de los defensores del medio ambiente.