Durante una audiencia judicial celebrada en San Andrés Cholula, la empresa Concesiones Integrales, operadora de Agua de Puebla Para Todos, solicitó 13 años de prisión para tres activistas sociales.
Los imputados —Renato Romero, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores— participaron en una manifestación ciudadana en San Miguel Xoxtla por el acceso al agua, lo que derivó en una acusación penal.
Los delitos señalados fueron daño en propiedad ajena y despojo agravado, aunque la Fiscalía insinuó la posibilidad de reclasificar como robo el segundo, aumentando así la carga legal.
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El expediente judicial está registrado bajo el folio 325/2025/Cholula, pero el número de carpeta de investigación permanece reservado por las autoridades competentes hasta nuevo aviso.
Durante la audiencia, Romero —detenido al momento— denunció que sus familiares desconocían su paradero. El juez David Rodríguez González autorizó una llamada y documentó lesiones físicas en el imputado.
Aunque se solicitó prisión preventiva justificada, el juez concedió la libertad provisional a Romero el 3 de julio, condicionada a firmas mensuales durante el transcurso del proceso legal.
La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 7 de julio. En ella se decidirá si se formaliza la acusación penal contra los tres integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua.
La organización ha encabezado protestas contra la gestión del agua en la región, denunciando la privatización del recurso y sus consecuencias en las comunidades vulnerables del municipio.
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