Este martes 1 de julio, en el Congreso del Estado comenzaron las mesas de trabajo en donde participan los diputados para analizar y debatir la modificación que se prevé realizar a la reciente reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado, en donde se sanciona hasta con tres años de prisión a quien cometa el delito de ciberasedio.
Después de foros ciudadanos y conversatorios, en el Poder Legislativo ya se discuten las propuestas para realizar las modificaciones a la ley aprobadas antes del 15 de julio —cuando concluye el periodo ordinario—, descartando la derogación, indicó García Chávez, quien señaló que habrá reuniones con las diferentes bancadas y esperan llegar a un acuerdo.
Respecto a las propuestas de modificación al artículo 480 del Código Penal del Estado, se centraron en los “actos de contacto”, en donde se elimina la especificación de “redes sociales, correo electrónico” y se deja únicamente el término “todo espacio digital”.
Además, actualmente la reforma indica que la agresión sancionada será cuando ocurra “con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
La propuesta es que sea “con la finalidad de alterar gravemente su vida cotidiana, perturbar su privacidad o dañar o menoscabar su integridad física o emocional”.
Una vez presentada la propuesta, la panista Susana Riestra Piña señaló que esta modificación que se pone sobre la mesa continúa siendo ambigua; además, dio a conocer que el Juzgado Quinto Penal del Sexto Circuito avaló el primer amparo en contra de esta ley.
“Estamos cayendo en los mismos vicios y es sumamente riesgoso utilizar el término ‘contacto’, ya que este es muy amplio y termina generando ambigüedad. En tanto, quiero hacer de conocimiento que hoy se aprobó el primer amparo ciudadano”, indicó la legisladora de Acción Nacional.
Riestra Piña explicó que fue un ciudadano quien obtuvo la suspensión provisional para que “al aplicar la norma de manera individual, no se ordene su detención por un hecho con apariencia de delito de ciberacoso”, leyó durante la reunión legislativa.
En respuesta a la postura de la panista, la legisladora Laura Artemisa García Chávez defendió la selección de palabras elegidas, argumentando que cada una tiene un significado jurídico.
“Estas palabras que se escogieron son palabras que tienen una jurisprudencia que les da un significado jurídico. El tema de ‘contacto’, en una de las definiciones, puede ser una reacción a una publicación, pero no es contacto en sí mismo (…) pero si esto termina siendo un conflicto, se puede cambiar la palabra ‘contacto’”, indicó la líder de la bancada de Morena.