México enfrenta una grave crisis con 17 mil 520 fichas activas de menores desaparecidos. Los datos provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO).
Cinco entidades concentran el 50% de los reportes de infancias no localizadas. El Estado de México ocupa el primer lugar con 4 mil 88 casos activos.
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Tamaulipas, CDMX, Nuevo León y Baja California completan la lista de estados con mayor incidencia. La situación refleja una profunda crisis de derechos humanos nacional.
Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, advirtió sobre los riesgos. Un menor desaparecido suele ser víctima de explotación laboral o reclutamiento forzado.
En el caso de las mujeres adolescentes, los detonantes principales son la trata de personas. Muchos de estos casos están vinculados directamente con el delito de feminicidio.
Para los hombres, el crimen organizado busca integrarlos a sus filas mediante la fuerza. La impunidad y la corrupción facilitan que estos delitos sigan ocurriendo diariamente.
Expertos señalan que la militarización de la seguridad ha disparado las estadísticas desde 2007. La ONU considera que este fenómeno se comete de forma generalizada en México.
El impacto emocional para las familias genera un duelo continuado y doloroso. La falta de restos impide cerrar el ciclo psicológico de los padres y hermanos.
Se requiere una respuesta de gran calado por parte del Estado mexicano actualmente. La intervención de la Asamblea General de la ONU representa una oportunidad de avance.
Es vital fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda para localizar a las víctimas. La protección de la infancia debe ser la prioridad máxima en la agenda pública.
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