La administración de Donald Trump prepara una orden ejecutiva para obligar a los bancos de Estados Unidos a verificar la ciudadanía de sus clientes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la medida busca cerrar cuentas de quienes no acrediten una presencia legal en el país.
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Esta iniciativa se suma al proyecto de ley Know Your American Customer Act, presentado por el senador republicano Tom Cotton en marzo pasado.
Dicha ley convertiría en un delito federal el acto de abrir o mantener cuentas bancarias para personas sin un estatus migratorio regularizado.
El objetivo principal es implementar una estrategia de presión económica que incentive la salida voluntaria de inmigrantes, reduciendo costos operativos de deportación.
La propuesta ha sido impulsada por la Heritage Foundation y forma parte de la hoja de ruta conocida como Project 2025 en Washington.
Según encuestas internas de esta coalición, un sector considerable de la población respalda excluir a indocumentados del sistema financiero estadounidense.
Sin embargo, expertos advierten que esta medida podría afectar a millones de ciudadanos que no cuentan con documentos de identidad de fácil acceso.
El Brennan Center for Justice estima que más de 21 millones de estadounidenses enfrentan dificultades para probar su ciudadanía de manera inmediata.
Además, el requisito de verificación generaría una carga administrativa millonaria para las instituciones financieras y cooperativas de crédito en toda la nación.
A pesar de los costos, funcionarios del gobierno sostienen que restringir el empleo formal y las remesas es clave para su agenda migratoria.
La medida marca un giro hacia la auto-deportación, utilizando la infraestructura bancaria como un instrumento de control y aplicación de la ley.
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