El Congreso de Estados Unidos ha intensificado durante el último año los esfuerzos legislativos para combatir a los cárteles mexicanos, aunque la mayoría de las propuestas aún permanece estancada en el proceso parlamentario. La iniciativa más reciente, presentada esta semana en el Senado, busca colocar bajo la lupa el impacto del robo de combustible a Pemex y su posible relación con las estructuras del crimen organizado.
Los senadores John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, promovieron la denominada Ley para Dejar de Alimentar la Violencia de los Cárteles, una propuesta que solicita al Pentágono elaborar un informe detallado sobre el robo de hidrocarburos a la empresa petrolera mexicana y sus implicaciones para la seguridad regional.
Iniciativas avanzan con dificultad
A pesar del creciente interés político en Washington, pocas iniciativas han logrado superar el filtro legislativo. Diversos proyectos buscan catalogar a los cárteles como una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense, pero la mayoría continúa detenida en comisiones legislativas.
Entre las excepciones destaca la PARTNERS Act, impulsada por Cornyn desde 2023. La medida finalmente obtuvo luz verde en diciembre de 2025 al incorporarse a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, legislación que el Congreso aprueba cada año. Su versión final quedó limitada a recomendar programas de entrenamiento para militares mexicanos por parte del Departamento de Defensa.
Trump acelera acciones desde el Ejecutivo
Las decisiones de mayor impacto no surgieron del Congreso. El 20 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a seis grupos criminales mexicanos, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La medida abrió la puerta a sanciones más severas y amplió las facultades de las autoridades estadounidenses para perseguir a quienes colaboren con estas organizaciones.
Meses después, la aprobación de la HALT Fentanyl Act reforzó esa estrategia. La legislación clasificó permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo dentro de la categoría de máximo control. Posteriormente, otra orden ejecutiva calificó al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva, fortaleciendo el discurso de seguridad nacional impulsado por Washington.
Propuestas más agresivas generan debate
Dentro del sector más conservador del Congreso surgieron iniciativas que plantean medidas extraordinarias. Algunas buscan reactivar las llamadas “cartas de marca”, un mecanismo utilizado en el siglo XVIII que permitiría a particulares armados capturar presuntos integrantes de cárteles fuera del territorio estadounidense. Otra propuesta facultaría al presidente para emplear directamente a las Fuerzas Armadas contra estas organizaciones.
Frente a esas posturas, legisladores demócratas impulsaron la No Unauthorized War in Mexico Act, proyecto que impediría financiar acciones militares contra México sin autorización expresa del Congreso.
Mientras las iniciativas legislativas avanzan lentamente, la Casa Blanca mantiene una estrategia más dinámica. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su disposición para colaborar mediante intercambio de inteligencia y coordinación bilateral, aunque rechaza cualquier intervención unilateral. El resultado refleja una transformación profunda: los cárteles dejaron de considerarse únicamente un problema policial y ahora ocupan un lugar central en la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos.