Estados Unidos amplió su ofensiva contra el crimen organizado en América Latina al designar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas. La decisión, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, profundiza las diferencias con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y coloca a las dos mayores estructuras criminales de Brasil bajo el mismo marco legal que organizaciones extremistas internacionales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la medida en dos fases. Desde este jueves, ambas agrupaciones quedaron clasificadas como Grupos Terroristas Especialmente Designados (SDGT), figura que permite imponer sanciones económicas inmediatas contra líderes, operadores, colaboradores y redes financieras vinculadas con estas organizaciones.
A partir del 5 de junio, el PCC y el CV recibirán la categoría de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esa clasificación endurece las restricciones legales y prohíbe cualquier tipo de apoyo material desde territorio estadounidense.
Washington vincula al PCC y al CV con amenazas regionales
El secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que ambas estructuras criminales cuentan con miles de integrantes y mantienen operaciones que trascienden las fronteras brasileñas. Además, atribuyó a estos grupos ataques contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y civiles.
La decisión forma parte de una estrategia regional que la administración Trump fortaleció desde 2025. Bajo esa misma doctrina, Washington ya había catalogado como terroristas a diversos cárteles mexicanos, además del Tren de Aragua y otras organizaciones criminales de América Latina y el Caribe.
La Casa Blanca sostiene que el narcotráfico transnacional, el tráfico de armas y las redes criminales representan riesgos comparables a los del terrorismo tradicional. Con la incorporación del PCC y el CV, América Latina concentra una parte significativa de las organizaciones incluidas en esta categoría.
Lula rechaza equiparar crimen organizado con terrorismo
La medida provocó nuevas fricciones entre Washington y Brasilia. El gobierno de Lula ha mantenido una postura contraria a considerar terroristas a las organizaciones criminales brasileñas.
Para las autoridades brasileñas, el PCC y el CV constituyen estructuras delictivas altamente violentas; sin embargo, no representan una amenaza directa para la existencia del Estado. Brasil defiende una estrategia basada en la cooperación policial, la inteligencia financiera y la persecución judicial.
Funcionarios brasileños también observan con preocupación las implicaciones legales de la designación. Algunos sectores temen que Washington utilice esa figura para justificar acciones extraterritoriales en el futuro.
Factor político rumbo a las elecciones
El anuncio también adquirió una dimensión política interna. Días antes de la decisión, el senador Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes conservadores del país, sostuvo reuniones en Washington y respaldó públicamente la medida.
Analistas consideran que el movimiento fortalece el discurso de la oposición brasileña en un contexto marcado por la proximidad de las próximas elecciones presidenciales. Mientras países como Ecuador y Honduras han respaldado enfoques similares, gobiernos como los de Brasil, México y Colombia continúan rechazando la equiparación entre crimen organizado y terrorismo.