El Gobierno de México anunció un nuevo acuerdo que coloca al acero nacional como prioridad en las compras públicas, una medida estratégica orientada a fortalecer la industria siderúrgica, proteger el empleo y elevar el contenido nacional en proyectos de gran escala.
Durante la presentación del programa encabezado por Claudia Sheinbaum, se detalló que esta política forma parte del Plan México, cuyo objetivo es consolidar la producción interna y robustecer las cadenas de suministro. Bajo este esquema, dependencias federales deberán privilegiar el uso de acero producido en el país en obras como carreteras, trenes, vivienda e infraestructura energética.
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El acuerdo también contempla una estrecha coordinación entre el sector público y la iniciativa privada para garantizar abasto suficiente, calidad competitiva y precios accesibles, factores clave para evitar distorsiones en el mercado.
Especialistas advierten que la medida llega en un contexto internacional complejo, marcado por presiones arancelarias impulsadas por Estados Unidos y la creciente competencia de importaciones asiáticas. Sin embargo, analistas destacan que México tiene margen de crecimiento: el país consume cerca de 28 millones de toneladas de acero, pero produce apenas la mitad.
Este escenario abre la puerta a una sustitución de importaciones sin generar demanda artificial, aprovechando la capacidad instalada subutilizada. Además, el impacto podría extenderse a múltiples sectores, ya que el acero es un insumo esencial para la construcción, la industria automotriz, la energía y la manufactura.
Con esta decisión, el gobierno busca no solo fortalecer la economía interna, sino también posicionar a México como un actor más competitivo en la industria global del acero.