Ley contra narcocandidatos tendrá sin cuidado a cárteles

La reforma judicial para obligar a los partidos políticos a establecer filtros anti narcocandidatos (as), además de estar a destiempo, sólo sirve para lavarse la cara.
Desde el Consejo Nacional del Partido-Estado Morena, establecieron reglas (que todos violan) y el calendario de selección de candidatos para el 2027, pero la cúpula partidista omitió -por comisión- imponer candados contra la infiltración del crimen organizado.
Días previos a ese Consejo Nacional de Morena de marzo, cuando no había ocurrido el escándalo por la lista de los 10 extraditables sinaloenses solicitada por Estados Unidos, Morena había designado a los coordinadores de campaña en las cinco circunscripciones electorales.
A juzgar por los nombres y apellidos, se trata de destacadas figuras del oficialismo bajo la sospecha de estar relacionados con actividades de la delincuencia organizada.
Destaca por la primera circunscripción Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario; el senador Adán Augusto López Hernández, en la cuarta, y en la quinta circunscripción Mario Delgado Carrillo, ex dirigente nacional de Morena y actual titular de la SEP federal.
Ha trascendido que en la segunda lista de presuntos narcopolíticos que emitirá el Departamento de Justicia de EU, se han barajado tres de los cinco coordinadores electorales del partido oficial.
Adán Augusto López, vinculado con el grupo criminal La Barredora comandado por Hernán Bermúdez, exsecretario estatal de Seguridad Pública de Tabasco.
Mario Delgado, relacionado con el rey del contrabando de combustible del huachicol fiscal, presuntamente para financiar la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas; y Monreal Ávila, junto con sus hermanos, en Zacatecas.
Al estallar el escándalo por la lista de los extraditables de Sinaloa, encabezada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum se encargó de la férrea defensa del morenista, exigiendo a EU “pruebas contundentes” porque en México no tiene antecedentes penales.
Ante las presiones y la sorpresiva entrega a la justicia de EU de dos de los 10 extraditables, el general Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, respectivamente, del Gobierno de Sinaloa, la presidenta lanzó la reforma judicial.
La iniciativa presidencial de la reforma a leyes para detectar a presuntos narcocandidatos, se presenta cuando existe la sospecha de vínculos de los gobernadores de Tamaulipas, Baja California y Sonora con el crimen organizado.
Empero, ninguna reforma judicial impedirá que el crimen organizado postule o apoye candidatos a las 17 gubernaturas, a las diputaciones federales y locales, así como a las presidencias municipales en los comicios intermedios de 2027.
Los grupos delictivos imponen o asesinan aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, como ha ocurrido en las últimas elecciones locales y federales.
Entre 2018 y 2025 se cometieron 150 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos en México.
La violencia político-criminal ligada al crimen organizado se recrudece durante los procesos electorales, siendo 2024 el año más violento con al menos 30 a 39 aspirantes asesinados a nivel nacional, según el recuento periodístico.
Con narcocandidatos o sin ellos, el problema de fondo es la capacidad de injerencia del crimen organizado para decir quién gobierna un estado, quién será el diputado en los distritos electorales y quién presidirá qué ayuntamiento, de acuerdo con el interés territorial de los cárteles y grupos delictivos. Esa es la problemática real.