La presidenta del PAN municipal en Puebla, Gaby Ruiz, exigió al Ayuntamiento capitalino transparentar el funcionamiento, proveedores y manejo del denominado Programa 360 de seguridad con Inteligencia Artificial impulsado por la administración encabezada por Pepe Chedraui.
La dirigente panista manifestó su preocupación por el manejo de información privada de la ciudadanía, al advertir que la concentración de datos personales podría incrementar los riesgos de ciberdelitos, extorsiones y fraudes digitales si terceros vulneran los sistemas tecnológicos del municipio.
Durante su posicionamiento, Ruiz señaló que la autoridad municipal debe informar públicamente qué empresa administrará el software, además de detallar los protocolos de protección de datos y los mecanismos de operación del sistema de vigilancia.
PAN pide informes mensuales sobre resultados
La líder municipal del PAN consideró indispensable que el gobierno de la ciudad publique reportes mensuales sobre los alcances y resultados del Programa 360, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la seguridad pública.
Asimismo, sostuvo que la ciudadanía necesita conocer los criterios bajo los cuales operará el sistema tecnológico, especialmente por el volumen de datos personales que podrían integrarse a las plataformas de monitoreo y análisis.
Ruiz insistió en que la administración municipal debe evitar cualquier práctica que vulnere derechos fundamentales o genere mecanismos de vigilancia desproporcionados sobre la población.
Proponen Comité Ciudadano de Supervisión Tecnológica
Como parte de las propuestas, la panista planteó la creación de un Comité Ciudadano de Supervisión Tecnológica, integrado por especialistas independientes y perfiles técnicos, para evaluar el funcionamiento del programa y supervisar el uso correcto de la información recopilada.
De acuerdo con la dirigente, este organismo permitiría fortalecer la confianza ciudadana y garantizar revisiones permanentes sobre la operación de herramientas tecnológicas vinculadas con la seguridad.
Entre los principales riesgos que expuso destacan la posible afectación a la protección de datos personales, mecanismos de monitoreo excesivo, vacíos en la normatividad estatal y la ausencia de parámetros claros para medir la efectividad del programa.
También alertó sobre el posible uso inadecuado de algoritmos que podrían generar decisiones parciales o incluso discriminatorias durante los procesos de vigilancia y análisis de información.
El posicionamiento surge en medio del debate nacional sobre el uso de sistemas de Inteligencia Artificial en tareas de seguridad pública y protección ciudadana, especialmente por las implicaciones legales y éticas relacionadas con la privacidad y el tratamiento de datos personales.
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