El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece dentro de territorio sinaloense, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El funcionario federal detalló que el político sinaloense no cuenta actualmente con un servicio de escoltas coordinado por ninguna dependencia de seguridad del Gobierno de México.
García Harfuch aclaró de manera pública que la protección personal del mandatario corre a cargo exclusivamente de los elementos adscritos a la policía estatal de Sinaloa.
“La escolta corre a cargo de la entidad. Como es gobernador con licencia, cuenta con seguridad de su estado, no tiene por parte de la federación”, reiteró.
Asimismo, el titular de la SSPC precisó ante los medios de comunicación que la ubicación exacta de Rocha Moya no está clasificada bajo ninguna reserva legal.
La situación del político ha cobrado relevancia internacional tras las recientes acusaciones formales presentadas por las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Washington acusa directamente a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalando nexos específicos con la facción delictiva conocida como Los Chapitos.
Los señalamientos del gobierno estadounidense apuntan a que diversos funcionarios locales facilitaron activamente el trasiego de cargamentos de fentanilo hacia territorio de la unión americana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado previamente que las instituciones mexicanas actuarán conforme a derecho si se reciben las pruebas suficientes sobre el caso de corrupción.
El proceso legal ha generado un intenso debate en el Senado mexicano, donde diversas fuerzas políticas han exigido de forma oficial la desaparición de poderes estatales.
Mientras las investigaciones bilaterales continúan su curso, la federación mantiene un despliegue especial de la Guardia Nacional para garantizar la paz pública en la región norteña.
El destino político del mandatario con licencia sigue bajo el escrutinio de la opinión pública nacional debido a la gravedad de los delitos imputados en el extranjero.