Cirujanos exigen castigo
Después del fallecimiento de Blanca Adriana Vázquez Montiel durante una liposucción y el posterior abandono de su cuerpo en una barranca de Tlaxcala, presuntamente por parte de los propietarios de la Clínica Detox, el Colegio de Cirujanos Plásticos Poblanos A.C. denunció que Diana Alejandra N, presunta doctora de dicho consultorio, supuestamente ostenta dos cédulas apócrifas y carece de los estudios y acreditaciones que exige la Ley General de Salud para ejercer como profesional de la medicina estética. Los especialistas exhortaron a quienes deseen someterse a procedimientos estéticos o reconstructivos a verificar previamente que el médico cuente con cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones, tanto de licenciatura como de especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. El colegio recordó que la reforma a la Ley de Salud del Estado de Puebla, aprobada en junio de 2025, establece como requisito indispensable contar con una cédula profesional de especialidad expedida por instituciones reconocidas oficialmente, además de un certificado vigente que avale la experiencia y capacidad del médico, conforme al artículo 81 de la Ley General de Salud, para ejercer la cirugía plástica. Finalmente, los cirujanos plásticos poblanos expresaron su solidaridad con los familiares de Blanca Adriana y lamentaron profundamente lo ocurrido. Advirtieron que casos como este evidencian los riesgos mortales de ponerse en manos de personas sin preparación ni certificación oficial, por lo que hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a no dejarse engañar por promociones u ofertas difundidas en redes sociales, ya que existen personas que se presentan como profesionales sin contar con las certificaciones correspondientes. También exigieron a las autoridades reforzar la supervisión y sancionar con todo el peso de la ley a quienes ejerzan de manera irregular y pongan en peligro la vida de los pacientes. ¿Será?
Más balas en Tehuitzingo
Apenas unos días después de la masacre de 10 personas en el rancho de la comunidad de Texcalapa, el municipio de Tehuitzingo volvió a ser escenario de detonaciones de arma de fuego, pánico colectivo y un nuevo episodio de confrontación que, aunque preliminarmente se atribuye a una riña, evidencia que el miedo sigue instalado entre la población. De acuerdo con reportes periodísticos, hombres armados irrumpieron en la calle 5 de Mayo de la Sección Cuarta de la cabecera municipal, prácticamente frente al domicilio donde fueron veladas siete víctimas de la familia Torres Aguilar, entre ellas una bebé de apenas un mes y 20 días de nacida. La coincidencia no puede minimizarse ni reducirse a un incidente menor; para los habitantes representa un mensaje de intimidación y una demostración de que la violencia mantiene capacidad de operación, pese al despliegue de investigaciones y detenciones anunciadas por las autoridades. Durante la confrontación, un policía municipal resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro. La detención de tres personas por la masacre ocurrida el pasado domingo 17 de mayo representa apenas el inicio de una investigación que todavía deja más preguntas que respuestas. La ciudadanía necesita resultados contundentes, esclarecimiento pleno de los hechos y, sobre todo, garantías de seguridad. Porque cuando los disparos vuelven a escucharse a menos de una semana de una ejecución múltiple, el mensaje que recibe la población es devastador: la violencia sigue ahí, latente, desafiando al Estado y arrebatándole la tranquilidad a comunidades enteras. ¿Será?
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