El acceso a la justicia para la comunidad LGBT+ continúa marcado por profundas diferencias entre estados del país. Aunque México ha fortalecido el reconocimiento legal de los derechos humanos, organizaciones civiles advierten que las fiscalías estatales mantienen prácticas que obstaculizan la investigación de los crímenes de odio.
Datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT indican que cada año ocurren decenas de asesinatos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Sin embargo, numerosos casos terminan clasificados como crímenes pasionales, riñas o delitos comunes, situación que dificulta dimensionar la violencia.
Prejuicios limitan las investigaciones
Durante el Foro Regional sobre Justicia Inclusiva, la activista de Letra S, Silvia Susana Jácome, afirmó que el principal obstáculo no radica en la legislación, sino en los prejuicios que prevalecen dentro de los ministerios públicos estatales.
La defensora señaló que, cuando asesinan a una mujer trans, algunas fiscalías concentran las indagatorias en su vida privada y omiten investigar el posible componente de odio que originó el crimen, pese a la existencia de protocolos especializados.
Falta de información agrava el problema
Organizaciones de distintas entidades también reportaron dificultades para obtener estadísticas oficiales mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. En múltiples respuestas, las autoridades argumentan que sus sistemas no clasifican las carpetas de investigación conforme a la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
El director de Amicus, Juan Pablo Delgado, denunció que esta ausencia de registros genera un vacío estadístico que impide conocer la magnitud del problema y limita el diseño de políticas públicas para garantizar el acceso efectivo a la justicia de la población LGBT+.