La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, presentó una iniciativa para reformar el artículo 381 del Código Penal, con el propósito de sancionar a trabajadores de instituciones financieras que participen, colaboren o faciliten la comisión de delitos en los que cuentahabientes sean víctimas de asaltos tras realizar operaciones bancarias.
En rueda de prensa, la diputada de MC señaló que la propuesta “busca sancionar a trabajadores bancarios, personal de seguridad privada o cualquier persona que participe, colabore o proporcione información que facilite la comisión de delitos en contra de cuentahabientes que hayan realizado retiros o movimientos financieros”.
De aprobarse, se establecerán penas de tres a ocho años de prisión, además de multas que irían de 150 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA). La iniciativa contempla que estas sanciones sean aplicables cuando el robo ocurra dentro de un radio aproximado de 500 metros de la sucursal bancaria donde se realizó la operación financiera.
Suriano Corrales señaló que la propuesta surge ante el incremento de asaltos violentos registrados en los últimos meses contra personas que retiran efectivo de instituciones financieras. Explicó que esta modalidad delictiva, conocida como “marcaje”, ocurre cuando desde el interior de una sucursal se identifica a clientes que retiran cantidades importantes de dinero y posteriormente son seguidos y asaltados a corta distancia.
La legisladora precisó que la responsabilidad no recaería únicamente en empleados bancarios, sino también en integrantes de empresas de seguridad privada o cualquier persona que, desde el interior de las instituciones, participe en la obtención o filtración de información utilizada por grupos delictivos.
Además de esta propuesta, la diputada resaltó sobre otras iniciativas ya presentadas en materia de seguridad y justicia, entre ellas una reforma para tipificar como delito las colisiones vehiculares simuladas con fines de extorsión, conocidas como “montachoques”, así como modificaciones a la legislación electoral para establecer mecanismos de actuación en casos de violencia política extrema durante los procesos electorales.
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