Si Omar García Harfuch implementara en Puebla el Operativo Enjambre, los alcaldes huachigaseros del Triángulo Rojo ya estuvieran a buen resguardo.
La explosión del depósito clandestino con seis pipas con gas LP en el municipio de Tepeaca, puso al descubierto la ineptitud -sino es que complicidad- de corporaciones policiales y autoridades.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina y Guardia Nacional tienen identificado al crimen organizado que tiene a Puebla en el primer lugar nacional de tomas clandestinas en los gasoductos.
La explosión puso al descubierto la simulación y la ineficiencia de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que envió a integrantes de esa dependencia federal a una veintena de secretarias de seguridad pública en municipios y en la estatal, sin resultados.
De qué le sirve a la sociedad poblana que los gobiernos militaricen la seguridad pública en el estado porque ni erradican los índices delictivos ni a los grupos criminales, y, por el contrario, la delincuencia adquiere más poder y dominio.
Es un mal resultado para el estado que un vicealmirante de la Marina ocupe la secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el récord, sólo al primer trimestre de 2026, en tomas clandestinas de gasoductos Pemex que coloca a Puebla como primer estado huachigasero.
Pueden presumir militares de la Marina que ocupan cargos de seguridad pública en Puebla cuando el crimen organizado perforó de enero a marzo 157 gasoductos de (gas licuado de petróleo), un 35.34 por ciento más respecto al mismo periodo del 2025.
La Marina, Ejército y GN deberían ser tan efectivos en la detención de huachigaseros, como lo son con la detención de alcaldes y ancianos, convalidando el sembrado de pruebas de la Fiscalía General del Estado, con operativos de coordinación con la SSP, que no se ven contra huachigaseros.
El jueves 4 de junio, gracias a la ineptitud de las policías de los tres niveles de Gobierno, estuvo a punto de ocurrir una tragedia por la explosión de un depósito clandestino, en medio de escuelas, comercios y viviendas.
Por supuesto que los presidentes municipales y los mandos policiales, incluidos obviamente los de Tepeaca, conocen dónde operan los grupos delictivos y quiénes son los líderes criminales.
La impunidad con la que operan los huachigaseros sólo es posible gracias a la corrupción y la complicidad de personajes incrustados en los tres órdenes de Gobierno y en las fuerzas armadas.
En el país están contabilizadas 299 tomas clandestinas, entre enero y marzo; ocurre un “pinchazo” a los gasoductos cada siete horas con 19 minutos.
Puebla concentró 52.5 por ciento de ese total, según reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), con datos oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El municipio de Tepeaca, gobernado por Morena, se colocó como el principal foco de la extracción ilegal de gas LP en Puebla, al sumar 44 tomas clandestinas entre enero y marzo de este año, lo que equivale a 28 por ciento de las 157 registradas en la entidad.
De qué le sirve a la sociedad poblana un secretario de Seguridad Pública se la pasa en eventos oficiales regalando a la población mixteca apoyos del Programa Bienestar y aclarando sobre sus amistades, mientras el crimen organizado ordeña gasoductos.
Fue una mentira obradorista -como muchas- la supuesta extinción del huachicol -así como con la corrupción-, y la prueba está que Puebla es campeón nacional en tomas clandestinas de gas licuado de petróleo.
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