La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla impuso alrededor de 40 sanciones administrativas a personal involucrado en conductas irregulares, entre ellas cinco inhabilitaciones definitivas para ejercer cargos públicos, como resultado de procedimientos de investigación y seguimiento realizados durante los últimos meses.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, informó que las resoluciones derivan de procesos sustentados en evidencia documental y análisis jurídicos especializados. Explicó que las medidas disciplinarias responden a distintos niveles de responsabilidad y abarcan desde amonestaciones públicas, hasta destituciones inmediatas e inhabilitaciones permanentes para desempeñar funciones dentro del servicio público.
Durante una entrevista, el funcionario destacó que cada determinación siguió los principios del debido proceso y atendió criterios técnicos que permiten brindar certeza tanto a la ciudadanía como a las personas sujetas a investigación.
Más de 2 mil 400 quejas ciudadanas
El balance correspondiente al periodo 2025-2026 revela una intensa actividad de vigilancia institucional. En ese lapso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recibió 2 mil 405 señalamientos ciudadanos, relacionados con presuntas omisiones, abusos o actos indebidos cometidos por servidores públicos.
De ese universo, 557 quejas fueron canalizadas a las autoridades competentes para su atención. Además, 279 expedientes concluyeron formalmente, mientras que 263 casos continúan bajo investigación y seguimiento.
Paralelamente, la dependencia procesó 49 denuncias formales. De ellas, 22 finalizaron su trámite administrativo, en tanto que 27 expedientes fueron turnados a instancias especializadas para profundizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades.
Crecen las investigaciones por presuntas irregularidades
La actividad fiscalizadora registró un incremento significativo durante el último semestre. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, las autoridades radicaron 244 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, vinculados con conductas irregulares detectadas dentro de la administración estatal.
Aunado a ello, en lo que va de 2026 la dependencia recibió 38 informes de presunta responsabilidad relacionados con casos considerados de alta gravedad. Según la autoridad, estos expedientes reflejan áreas de riesgo dentro del servicio público y mantendrán seguimiento hasta agotar todas las vías legales disponibles.
Refuerzan mecanismos de denuncia
Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y facilitar la denuncia de posibles actos de corrupción, el Gobierno de Puebla instaló 533 buzones digitales en oficinas gubernamentales distribuidas en la capital y diversos municipios del estado.
La estrategia también incluye la operación de la línea telefónica Prointegridad, que registró 789 llamadas de alerta, además de 151 solicitudes de información y 589 orientaciones directas para personas interesadas en presentar denuncias.
Finalmente, Espidio Reyes afirmó que la dependencia busca que cada denuncia respaldada con pruebas genere consecuencias institucionales y contribuya a fortalecer la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración pública estatal.
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