Falló el mando naval
La incorporación de elementos de la Secretaría de Marina a las tareas de vigilancia en los municipios más importantes del estado, registró su primer gran revés con la destitución del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Acatlán de Osorio, el teniente de Fragata Juan Alberto Domínguez López. El mando fue removido durante una sesión de Cabildo a la que, por cierto, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, calificó como contraria a la Ley Orgánica Municipal. El marino ha sido señalado por asumir funciones que corresponden a la presidenta municipal, ejerciendo una influencia que rebasa las atribuciones propias de su cargo.
Las imágenes difundidas desde el Palacio Municipal este lunes muestran a Domínguez López confrontando a un grupo de manifestantes, a quienes descalificó como “los mismos de siempre”. En ese intercambio, la maestra Marlén Paz Rodríguez lo encaró, acusándolo de burlarse de los ciudadanos inconformes. La respuesta del funcionario fue inmediata: señalándole con el dedo, ordenó su detención bajo el argumento de que había sido ofendido.
Para cualquier observador, el episodio difícilmente puede interpretarse de otra manera que como un acto de represión, una posible vulneración al derecho constitucional de libre manifestación y un evidente abuso de autoridad y de la fuerza.
Sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo parecen optar por la indiferencia. Su silencio puede interpretarse como una forma de minimizar las acusaciones que pesan sobre la alcaldesa, relacionadas con presuntos gastos excesivos en viajes al extranjero, restaurantes exclusivos, ropa de lujo y otros signos de opulencia que contrastan con la realidad del municipio.
Si esa omisión responde a una estrategia para proteger políticamente a una administración emanada de Morena o para evitar que el caso escale, el costo terminará pagándolo la ciudadanía. ¿Será?
El costo del escándalo
Y ya que hablamos de abuso de autoridad, pocos podrían oponerse a que se investigue a fondo la actuación de los policías municipales de San Andrés Cholula que detuvieron a Ariana N, sobre todo porque los uniformados no supieron manejar una intervención en la que una conductora evadió sus llamados, incurrió en una infracción, se negó a colaborar y, además, adoptó una actitud desafiante al presumir supuestos vínculos con líderes del narcotráfico, con el evidente propósito de intimidar a los agentes.
Mientras la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle recibió a la inconforme y le ofreció una investigación exhaustiva, del otro lado del estado el contraste es evidente: la morenista Lupita Bárcenas simplemente ha optado por ignorar las exigencias de sus propios ciudadanos.
El error o, en todo caso, el grave episodio protagonizado por los elementos de seguridad, representa una oportunidad inmejorable para golpear a la alcaldesa cholulteca, quien apenas hace unos días logró reunir, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, a destacados conductores y directivos de medios nacionales y estatales en un encuentro que muchas otras administraciones desearían haber organizado.
El Ayuntamiento de San Andrés Cholula tiene la obligación de ofrecer una explicación clara y transparente sobre lo ocurrido este fin de semana. Sin embargo, mientras eso sucede, conviene no perder de vista que en este episodio también confluyen intereses políticos y electorales, dispuestos a aprovechar cualquier tropiezo para desacreditar a una gobernante sin importar el partido que la postule. ¿Será?
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