La promoción anticipada de aspirantes a cargos públicos comenzó desde hace varios meses y el Instituto Nacional Electoral (INE) carece de herramientas legales para intervenir de manera inmediata, advirtió el consejero Arturo Castillo, quien insistió en la necesidad de regular estos procesos antes del inicio formal de las precampañas.
Durante una entrevista con Diario 24 HORAS, el funcionario señaló que Morena, así como otras fuerzas políticas como PVEM y PT, ya despliegan aspirantes en plazas públicas y recorridos territoriales, situación que, afirmó, impacta la credibilidad del árbitro electoral.
Propuso reglas desde marzo
Castillo recordó que desde el 31 de marzo planteó al Consejo General una propuesta para adelantar la fiscalización de los gastos realizados en estos procesos internos y restringir la aparición de aspirantes en radio y televisión. Sin embargo, la mayoría de los consejeros rechazó el proyecto tras varias semanas de discusión.
El consejero sostuvo que la falta de regulación provoca que prácticamente todos los partidos nacionales lleguen con meses de ventaja rumbo a la elección de 2027, mientras que las fuerzas políticas de reciente registro apenas comienzan su organización.
Fiscalización iniciará hasta diciembre
El integrante del INE explicó que la autoridad electoral no podrá revisar los gastos de los aspirantes hasta diciembre, cuando inicien formalmente las precampañas, debido a que la legislación vigente no contempla mecanismos para supervisar actividades políticas previas.
Además, subrayó que los propios partidos pueden modificar las reglas que aprobaron años atrás si consideran necesario fortalecer la vigilancia de los recursos utilizados durante estos recorridos anticipados.
Castillo afirmó que la ley electoral resulta insuficiente para atender el escenario actual y confió en que el Consejo General analice nuevos lineamientos que permitan brindar certeza al proceso.
Finalmente, explicó que, de acuerdo con el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un acto anticipado de campaña solo existe cuando se solicita expresamente el voto. Esa interpretación deja un vacío legal que permite a los partidos promover a sus aspirantes mediante asambleas y recorridos públicos sin que el INE cuente con facultades para fiscalizar esas actividades.