El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos envió más de 103 mil cartas a migrantes con órdenes de deportación, en las que exige el pago de multas que pueden alcanzar 1 millón 820 mil 352 dólares, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
Uno de los casos corresponde a Vivi Vásquez, una mexicana que reside desde hace 17 años en Estados Unidos y tiene tres hijos nacidos en ese país. La mujer abrió un sobre oficial con la esperanza de recibir noticias sobre su visa humanitaria, pero encontró una factura por 1.82 millones de dólares por permanecer en territorio estadounidense después de una orden de salida. El envío también incluía un folleto que ofrecía cancelar la deuda si abandonaba voluntariamente el país mediante una aplicación oficial.
Multas de 998 dólares por cada día
Según el rotativo estadounidense, el gobierno aplica una sanción de 998 dólares diarios a quienes permanecen en el país tras una orden de deportación. El monto puede acumularse durante cinco años hasta superar 1.8 millones de dólares por persona.
En conjunto, el DHS reclama más de 84 mil millones de dólares, aunque hasta ahora únicamente ha recuperado alrededor de 1.2 millones, una diferencia que organizaciones civiles consideran evidencia de que la estrategia busca ejercer presión sobre los migrantes más que obtener recursos.
Medida revive durante el segundo mandato de Trump
La sanción existe desde una ley aprobada en 1996, aunque ningún presidente la aplicó de forma efectiva. Donald Trump intentó implementarla durante su primer mandato, enfrentó obstáculos administrativos y Joe Biden dejó sin efecto esa política. Al regresar a la Casa Blanca, Trump restableció el cobro desde el primer día de su segundo mandato.
El periódico también documentó que las autoridades estadounidenses ya embargaron devoluciones de impuestos, retuvieron salarios y enviaron adeudos a agencias privadas de cobranza.
Entre los casos destaca el de Afissetou Tchedre, originaria de Togo y casada con un militar estadounidense. Las autoridades retuvieron una devolución fiscal de 10 mil 662 dólares, pese a que, según su defensa legal, la mujer ya tramitaba su residencia permanente.
Diversas organizaciones de asistencia legal mantienen litigios contra esta política al considerar que viola la prohibición constitucional de imponer castigos económicos excesivos, mientras el gobierno estadounidense sostiene que permanecer en el país después de una orden de salida constituye una infracción sancionable.