Venght Villa Herrero, identificada como integrante de la red denominada “Cártel Inmobiliario de Huauchinango”, aparece en el padrón de desarrolladores y constructores de vivienda del Fovissste, pese a los antecedentes de denuncias relacionadas con desarrollos habitacionales vinculados a su familia en zonas de riesgo y en los alrededores de un Área Natural Protegida.
Mientras habitantes de Huauchinango solicitaron al Infonavit vetar nuevos créditos hipotecarios en polígonos ligados a la red inmobiliaria de los Villa por presuntas irregularidades en desarrollos habitacionales, otro organismo federal de vivienda mantiene a Venght Villa Herrero dentro de su directorio público de constructores.
Una revisión de 24 HORAS al padrón Fovissste Emprendedor revela que Villa Herrero aparece registrada en Puebla con localidad en Huauchinango, en el listado cuya última actualización fue realizada el 31 de marzo de 2026. Es, además, la única persona del directorio poblano cuya localidad registrada es ese municipio.
Fovissste Emprendedor es un padrón mediante el cual el organismo conecta a sus derechohabientes con desarrolladores y constructores que pueden apoyarlos en el proceso de edificación de sus viviendas, particularmente mediante el esquema Construyes. Para formar parte del registro se exige documentación fiscal y registro ante el Registro Único de Vivienda (RUV), entre otros requisitos.
La inclusión en el directorio permite que los derechohabientes puedan elegir a Villa Herrero como profesional de la construcción para ejecutar sus proyectos; los recursos del crédito no son entregados directamente por el Fovissste al constructor: las ministraciones se depositan al acreditado conforme avanza la obra y éste cubre los pagos correspondientes al responsable de la construcción.
El propio Fovissste advierte en su directorio que es necesario confirmar la vigencia del registro del emprendedor antes de formalizar un crédito, por lo que la aparición de Villa Herrero en el listado no permite determinar por sí sola cuántas operaciones ha realizado, si actualmente mantiene activo su registro o cuántos recursos provenientes de créditos del organismo han sido utilizados en obras ejecutadas por ella.
ÁREA NATURAL
Una investigación de 24 HORAS sacó a la luz la operación del denominado “Cártel Inmobiliario de Huauchinango”, una red familiar y empresarial vinculada con Gilberto Villa Huerta, Venght Villa Herrero y Ángel Villa Herrero, señalada por la construcción y comercialización de desarrollos habitacionales en zonas consideradas de riesgo y por proyectos dentro o en las inmediaciones del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.
De acuerdo con documentos y testimonios recabados por este diario, las operaciones inmobiliarias de la familia se extendieron durante distintas administraciones municipales, mientras empresas vinculadas con sus integrantes también obtuvieron contratos de obra pública del Ayuntamiento de Huauchinango.
Las denuncias se concentran principalmente en desarrollos ubicados en Vista Hermosa, Las Perlitas y Patoltecoya, donde habitantes han recibido durante temporadas de lluvia notificaciones de Protección Civil para evacuar sus viviendas ante riesgos relacionados con deslizamientos, derrumbes e inundaciones.
Decenas de familias que adquirieron viviendas mediante ahorros propios o créditos hipotecarios enfrentan actualmente incertidumbre patrimonial, mientras habitantes solicitaron a la Contraloría del Infonavit frenar el otorgamiento de nuevos financiamientos en Vista Hermosa, Buena Vista, Las Perlitas, El Potro, Patoltecoya y Tlacomulco.
Al problema habitacional se suma el impacto ambiental denunciado en la Sierra Norte. Organizaciones como Biofutura han advertido que la pérdida de vegetación y la expansión urbana irregular representan una amenaza para el corredor biológico de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa y aumentan la vulnerabilidad de los asentamientos humanos.
Tras conocerse las denuncias, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado revisar las presuntas irregularidades y determinar posibles responsabilidades.
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