La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla emitió siete resoluciones sancionatorias que derivaron en destituciones e inhabilitaciones temporales contra personas servidoras públicas por incumplir obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las resoluciones surgieron tras procedimientos realizados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades y, en su mayoría, corresponden a faltas administrativas no graves, principalmente por la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, además del incumplimiento de los principios que rigen el servicio público.
Sanciones en distintas dependencias
Entre los casos destaca el registrado en el ISSSTEP, donde Ana María N. recibió destitución e inhabilitación por cinco meses y doce días tras presentar una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido durante un procedimiento escalafonario, conducta que vulneró los principios de lealtad e integridad.
En la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Carlos N. fue destituido e inhabilitado por seis meses debido a que no presentó su declaración patrimonial en la modalidad de conclusión.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública sancionó a Cristian N. con destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días por la misma omisión.
Asimismo, la Secretaría de Bienestar destituyó a Erika N. por no presentar su declaración patrimonial inicial, mientras que José Edmundo N. recibió destitución e inhabilitación por cinco meses y doce días al incumplir la declaración de conclusión.
En el organismo Convenciones y Parques, José Ismael N. y Julián Manuel N. también fueron destituidos e inhabilitados por incumplir esa obligación legal.
Reiteran compromiso contra la corrupción
La dependencia estatal informó que todas las resoluciones respetaron el debido proceso, así como los derechos de audiencia y defensa de las personas involucradas. Además, recordó que los sancionados pueden impugnar las determinaciones.
Finalmente, la Secretaría reafirmó su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar posibles actos irregulares cometidos por servidores públicos.
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